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El gobierno de Mauricio Macri se negó a hablar de golpe de Estado en Bolivia y no condenó los hechos de violencia política que llevaron a la salida del presidente Evo Morales. El canciller Jorge Faurie fue la voz oficial y eludió de todas las formas posibles hablar de un derrocamiento.
«Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, pidieron una solución a la política y eso fue lo que ocurrió», fue la explicación de Faurie. El gobierno nacional hizo eje en las irregularidades en la elección que destacó la OEA y, a través de un comunicado de la Cancillería, se limitó a hacer «un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales».
Macri tuvo siempre una relación distante con Evo Morales y ya demostró, en medio de la crisis en Chile de su aliado Sebastián Piñera, que no está dispuesto a condenar violaciones a los derechos humanos por fuera de las fronteras de Venezuela. Este diario le preguntó a un hombre del PRO que talló en la política exterior de Macri desde sus comienzos cuál era la mirada del presidente sobre Bolivia y respondió: «Estamos teniendo problemas profundos en la región». Nada más.
En público, la posición del Gobierno fue hacer eje en las irregularidades en el proceso electoral que señaló la OEA y en el llamado a nuevas elecciones, y pasó por alto las situaciones de violencia, el rol de las policías y los militares y finalmente la renuncia de Evo Morales y sus funcionarios. En un primer comunicado, la Cancillería decía que «ante la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino toma nota del informe preliminar de la misión electoral de la OEA, cuya auditoría confirma las denuncias de irregularidades del proceso de escrutinio y recomienda la realización de nuevas elecciones». «El Gobierno argentino entiende ineludible la decisión del Gobierno boliviano de convocar nuevas elecciones y, para ello, renovar con transparencia la integración del Tribunal Electoral», señalaba el mismo comunicado, donde recordaron que la Argentina se sumó al pedido de Estados Unidos y Brasil, es decir, de Donald Trump y Jair Mesias Bolsonaro, de revisar la elección. La declaración quedó vieja rápidamente a medida que se sucedían los hechos de violencia política, los ataques directos al gobierno boliviano y, finalmente, la renuncia de Evo Morales.
Tras esos hechos, el Gobierno argentino mantuvo silencio por horas. Finalmente, salió a hablar Faurie, quien sólo se mostró interesado en hablar sobre la elección en Bolivia: «La OEA fue clara: hubo un proceso irregular. Morales lo reconoció el sábado. Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, dijeron a la clase política que busque una salida y esto es lo que ha ocurrido», fue su particular lectura de los hechos. «Las dudas sobre esas elecciones quedaron ratificadas de algún modo a partir del informe de la OEA. El gobierno de transición es interino para llamar a elecciones», aseguró Faurie, pese a que Evo Morales tenía mandato hasta enero de 2020.
El canciller no confirmó un rumor que circulaba y que indicaba que Evo Morales volaría a la Argentina y podría pedir asilo. Distintas fuentes del Gobierno señalaron a este diario que no tenían ninguna información en ese sentido y que tampoco había habido ningún ofrecimiento de asilo por parte de Macri a Morales.
Más tarde, la Cancillería difundió otro comunicado. Llamó a «preservar la paz social y el diálogo» y enfatizó que «el anunciado llamado a un nuevo proceso electoral, con la anticipada renovación del Tribunal Electoral, respetando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano junto con el acompañamiento de países de la región así como de organismos internacionales y observadores imparciales es el mejor camino para superar, con total transparencia y espíritu democrático, la presente crisis que afecta al hermano pueblo boliviano».
El senador Federico Pinedo se sumó con la idea de que el gobierno nacional no apoya «ni fraude ni golpe alguno».
La única voz discordante dentro del oficialismo fue la del diputado Daniel Lipovetzky, quien sí dijo que era un golpe: «¡Si mueve la cola y ladra es un perro! Si las Fuerzas Armadas ‘recomiendan’ (léase obligan, exigen) la renuncia de un presidente elegido democráticamente esto es un golpe de Estado. ¡Es necesario que se aplique la Carta Democrática Interamericana de OEA y que dicho organismo intervenga ya!», planteó el diputado macrista. Fue como un solo de batería en medio de un profundo silencio.
Por Werner Pertot, en Página/12
