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«Está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan». Así fundamenta el gobierno nacional el pedido para que la Corte declare la inconstitucionalidad de la nueva Constitución de Jujuy.
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura provincial, que desató una serie de manifestaciones de protestas que derivaron en una violenta represión policial.
Según se informó oficialmente, se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».
La presentación, que fue fue realizada esta mañana, fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos; y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
En tanto, se informó que el cuerpo de la demanda recoge los aportes realizados por el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de la ministra Kelly Olmos.
En un comunicado, el Gobierno informó que el escrito presentado plantea la «gravedad institucional» generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Morales, ya que «está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan».
La presentación destaca asimismo que organismos Internacionales de derechos humanos, «con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».
De esta manera, hicieron referencia a la comunicación oficial emitida el 20 de junio de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que urgió al Estado argentino a «respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social» y también a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial expresando que lo dispuesto en Jujuy «no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Por otra parte, se afirma que «la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», indicando que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo – por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna provincial, ya que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial «se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa».
En declaraciones que realizó esta mañana a Radio 10, el ministro Soria indicó que «hay artículos que son totalmente violatorios de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución en esta reforma exprés de Morales. Tiene partes que directamente chocan con la Constitución y el sistema interamericano de Derechos Humanos porque en realidad se pretende criminalizar la protesta».
El ministro sostuvo que, con la reforma, se busca «crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas» y añadió: «Esta película ya la vimos: ajuste hambre miseria y represión contra el pueblo. Es la alianza del 2001 y Cambiemos en 2016».
Ayer, al confirmar la presentación de hoy, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, manifestó que el Presidente «sigue muy de cerca la situación en Jujuy» y recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, «viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto».
En ese marco, amplió: «Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador (Gerardo) Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional», algo que se confirmó minutos después.
Anoche, luego de que se conociera la información de la acción declarativa presentada hoy por el Gobierno nacional, el gobernador Morales expresó a través de su cuenta de Twitter: «Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución. Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo».
También salió en su defensa su compañero en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó también en su cuenta de la red social que «la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños» y expresó su «solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias».
Impulsada por el gobernador y ahora precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el pasado 20 de junio, en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.
La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.
Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión de Morales, convocando a «un gran debate de los jujeños».
Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir en este nuevo texto que abarca más de 60 artículos.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en el último mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el «No a la nueva reforma», ya que sostienen que es «retrógrada y quita derechos».
Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en las últimas semanas con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma.
