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Para el presidente del Consejo de fiscales de todo el país, Pablo Baca debería renunciar 

Alejandro Gullé, fiscal general de la Corte mendocina

El Consejo Nacional de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina viene observando la situación del Poder Judicial de Jujuy desde hace varios meses, a partir del proceso de juicio político que inició el oficialismo contra el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, proceso que finalmente no prosperó y terminó archivado.

Una de las derivaciones escandalosas de esa observación fue la expulsión del Consejo «por ser inepto éticamente» del titular el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.

A raíz de la difusión de los audios del actual presidente del STJ, Pablo Baca, en los que queda en evidencia la injerencia del Poder Ejecutivo provincial en la actuación del Judicial, los fiscales y procuradores de todo el país volvieron a fijar su mirada en Jujuy.

Alejandro Gullé, fiscal general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y presidente del Consejo Nacional de Procuradores… dialogó con los periodistas Cynthia Ottaviano y Pablo Caruso en el programa Volver a las Fuentes, por La 990, y reafirmó que están viendo «con preocupación» las novedades relacionadas con el Poder Judicial jujeño.

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«La política y la justicia podemos ir de la mano, pero no podemos mezclarnos», afirmó Gullé, y aclaró: «Los procuradores generales tenemos entre otras funciones la misión de generar políticas de persecución penal, y esto hay que hacerlo de la mano del Poder Ejecutivo, porque es el que nos facilita la pata policial para investigar y llevar adelante la política criminal».

Repasó luego lo que calificó como «una mala experiencia», la reunión que mantuvieron representantes de los fiscales del país con el gobernador Gerardo Morales, quien grabó subrepticiamente el encuentro: «Yo no estuve porque tenía que volverme, pero a los que estuvieron les pasó que les grabaran sin aviso la entrevista y la filmaran. Y lo grave es que la editaron; lo único que se viralizó fue la parte donde el gobernador hace un montón de consideraciones, recriminando qué hacíamos ahí, por qué nos metíamos, cuando nosotros no pretendíamos meternos en la política de Jujuy sino aclarar lo que nos parecía muy arbitrario, el pedido de juicio político sobre el fiscal general. Editó la grabación y la viralizó. No nos pareció realmente bueno».

‘Aprender a no hablar’

Consultado puntualmente por los dichos de Pablo Baca respecto de la situación de la dirigente social Milagro Sala, opinó: «No sé qué hay dentro de los expedientes de las causas contra Milagro Sala, sería imprudente adelantar algo. Lo que sí reitero es que cuando a partir de una conversación se deja entrever una suerte de mezcla absoluta de lo político con lo jurídico, la situación es grave».

«Entiendo en las condiciones en las que fueron pronunciadas estas palabras por parte del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, seguramente en intimidad, sin intención de que trascienda. Pero uno tiene que aprender a no hablar», agregó Gullé.

Respecto del eventual impulso en el Congreso Nacional de una intervención federal al Poder Judicial de Jujuy, consideró que se trata de una medida que debería tomarse en casos de gravedad institucional. «Es una medida muy fuerte», sintetizó.

En este sentido, afirmó: «Yo creo que si a mí me pasa una cosa así, renuncio yo; no sacrifico al Poder Judicial».

‘Inepto’ 

Gullé relató más adelante las circunstancias que derivaron en la expulsión de Sergio Lello Sánchez del Consejo: «Nos dimos cuenta que había mentido sobre situaciones que hemos vivido todos», indicó.

«Estaba en Jujuy el fiscal general, el doctor Ficoseco, y ¿qué hizo el gobernador Morales? Le creó un cargo paralelo que se llama fiscal de la Acusación, que no tiene respaldo constitucional, porque el fiscal general, que es el equivalente al procurador, sí está en la Constitución. Entonces le saca toda el área penal y lo deja desprovisto, lo aleja de las investigaciones penales y le da todas las facultades al fiscal de la Acusación», detalló Gullé.

«Este señor, Lello, empieza a ir a las reuniones, nos contaba un poco cuál era su misión, y después vimos que aparece relatando cosas que realmente no se condecían en lo más mínimo con lo que había hablado con nosotros, incluso firmado en actas del Consejo. Así que por votación unánime lo expulsamos, por inepto éticamente», completó.

A modo de conclusión, estimó que «lo que falla no es el sistema sino la intención», y amplió: «Si yo creo un cargo para sacar poder y dárselo a una persona que va a seguir determinado lineamiento, no es bueno».

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