El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave para regular el trabajo en plataformas digitales. A través del Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, se elaboró un proyecto de ley que busca proteger a los miles de repartidores y conductores que se desempeñan en aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify.
La iniciativa fue enviada recientemente a la Legislatura provincial, en un contexto donde se estima que, a nivel nacional, entre 600.000 y un millón de personas trabajan mediante estas plataformas, con una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El proyecto surge como una respuesta al vacío normativo que dejó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que excluyó a estos trabajadores de la legislación laboral.
Frente a esa situación, el ministro Walter Correa sostuvo que «el gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho».
Y agregó: «La Provincia viene participando de este debate global en la Organización Internacional del Trabajo y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto. Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección».
El proyecto
La iniciativa se estructura sobre tres ejes principales.
El primero es el fortalecimiento de las inspecciones laborales, con foco en las denominadas «tiendas invisibles». Estos establecimientos, que operan a puertas cerradas, deberán contar con condiciones mínimas como sanitarios, agua potable y espacios de descanso tanto para los trabajadores internos como para los repartidores que esperan los pedidos en la vía pública.
El segundo eje es la garantía de salud y seguridad laboral, que incluye la obligación de las empresas de contratar un seguro de accidentes personales que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica de emergencia durante la jornada y el trayecto.
Finalmente, se propone crear una aplicación móvil oficial que incluirá un botón de pánico y un botón de emergencia en salud, además de ofrecer asesoramiento sobre derechos y accesos a beneficios.
El proyecto también busca transparentar el funcionamiento de los algoritmos y establecer una articulación con el Banco Provincia para facilitar el acceso a microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de herramientas de trabajo, como motos y bicicletas.
La propuesta toma como referencia experiencias regulatorias de países como España y México, y se apoya en el reciente «fallo Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad para determinar la existencia de una relación laboral.
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