Pedido de informes sobre IVE, parto respetado y derechos sexuales y reproductivos en Jujuy

Por Natalia Morales*. El bloque de legisladores del FIT-U, con aportes de trabajadoras del sector y organizaciones feministas, presentó un pedido de informe para saber cómo se implementa en Jujuy leyes de Salud Sexual y Reproductiva, Identidad de Género, contra Violencia Obstétrica, Parto Respetado y Prevención y Tratamiento de ITS (incluido VIH).

Según testimonios e informes la política implementada por Milei y Sadir es efectiva: desmantelar, recortar y desmantelar derechos conquistados.

Así como dieron cuenta presentaciones de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, según registros de la ejecución física del presupuesto 2025 en el Ministerio de Salud de la Nación, en lo que respecta al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, se había anunciado para el primer trimestre de este año una entrega para la distribución de aproximadamente 56 mil métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes e implantes sub dérmicos.

En lo que va del 2025 no se realizó ninguna entrega, como tampoco se financió el 100% de planes de capacitaciones, asistencia, publicación de materiales técnicos, y distribución de dispositivos intrauterinos (DIU).

La entrega de anticonceptivos se encuentra en los niveles más bajos en una década. Según una investigación realizada por Rosario Marina y Fernanda Aguirre, durante el periodo de 2014 a 2024, la distribución gratuita de preservativos cayó de 10,4 a 4,8 millones.

Mientras en lo que respecta a anticonceptivos inyectables y orales, la comparación en el mismo periodo es de 14,7 millones a 2,4 millones. A su vez, en un año la entrega de implantes subdérmicos para adolescentes se redujo de 76.150 unidades enviadas a provincias en 2023 a solo 4.200 en 2024.

Sumado a eso, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia – Plan ENIA se encuentra desarticulado, incluso en Jujuy no funciona, con una caída de más del 80% del presupuesto real del plan, por lo que además se cancelaron las capacitaciones y el acompañamiento en escuelas, centros de salud y barrios.

Así como en su momento el Plan ENIA permitió reducir casi un 60% la tasa de fecundidad adolescente, brindando herramientas de promoción de salud sexual y reproductiva, prevención de ITS y también posibilito que cientos de niñas y adolescentes pudieran identificar y denunciar situaciones de abuso sexual, implicó que más de 600 trabajadoras quedaron sin empleo, y se redujera de manera alarmante la distribución de preservativos y métodos anticonceptivos.

El gobierno de La Libertad Avanza eliminó o restringió programas como el ENIA, desfinancia las políticas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva (incluido el aborto legal) como parte de su agenda antifeminista.

Mientras las políticas de ajuste de Milei y Sadir afectan las condiciones de vida de mujeres y de sectores de la diversidad, con la profundización de las condiciones de pobreza y recrudecimiento de las necesidades de cobertura socio sanitaria, son las trabajadoras de la salud y la educación, quienes enfrentan esta problemática, e incluso construyen redes para poder garantizar derechos.

En lo que hace a la promoción y educación sanitaria, la falta de insumos y materiales para el desarrollo de talleres y jornadas informativas, que las trabajadoras realizan a pulmón, poniendo de sus bolsillos para el desarrollo de los mismos y encontrándose imposibilitadas de brindar cobertura integral de salud sexual y reproductiva.

El derecho al acceso al aborto legal es un derecho consagrado por la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo al igual que el acceso a la salud sexual y reproductiva consagrada en la ley 25. 673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Si la situación es crítica en cuanto al acceso a la salud pública, la salud sexual y reproductiva no es excepción y se suman los obstáculos específicos: el gobierno admite que no destina presupuesto para garantizar el cumplimiento de la ley 27610 (interrupción voluntaria del embarazo).

Durante 2024 y lo que va de 2025 el Estado Nacional distribuyó cero tratamientos para interrupciones seguras. Hay faltantes de Misoprostol en 14 provincias, Mifepristona en 20 y tratamiento combinado en 21.

Si una mujer o persona con capacidad de gestar se acerca a un centro de salud, es probable que deba pagar el medicamento (una caja de 12 comprimidos de Misoprostol cuesta alrededor de 110 mil pesos). Según información se redujo en un 80% la distribución de métodos de protección, anticonceptivos, pastillas de emergencia y tests de embarazo.

El argumento de los recortes (del gobierno de Milei, pero no solamente) es el ahorro, pero no es tan así. El último cálculo de los costos de la clandestinidad en 2020 arrojó que la atención de abortos clandestinos le costó al Estado 2.586 millones versus 314 millones de las interrupciones seguras. Incluso calculando la inflación, la brecha es enorme. Los abortos seguros salvan vidas (no se registró una sola muerte en interrupciones seguras) y le ahorran plata al Estado.

Un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de septiembre de 2024 preguntó sobre muchos temas que alimentan la batalla cultural del gobierno. Las opiniones sobre la intervención del Estado en temas de educación y salud sexual integral muestran que a mucha gente en Argentina le interesa que se garantice el acceso a esos derechos, más allá de sus opciones electorales.

El 71 % de las personas encuestadas cree que el Estado debe garantizar la educación sexual integral; el 84 % cree que debe garantizarse a la población el acceso a métodos de protección contra infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Sobre el derecho al aborto, el 58 % tiene mucha o algo de simpatía con esa causa, si se suma a la gente que tiene poca simpatía, el porcentaje llega a 73. Es decir, solo una minoría está en contra.

Las políticas de ajuste en esta materia no afectan a las feministas sino a todas las mujeres, sobre todo las pobres y jóvenes en particular. El gobierno nacional, con la colaboración de los provinciales, terminaron aplicando una política efectiva y silenciosa: desmantelar, recortar y desfinanciar

En un contexto de negacionismo, ataques, pero también resistencias dar cuenta de esta situación es fundamental ya que los costos son altos para las mujeres y personas gestantes. Amerita encender las alarmas y no dejar de insistir, organizarse y potenciar la lucha en las calles, junto a otras resistencias.

Puntos pedidos al Ministerio de Salud de la Provincia:

1. Copias de los protocolos y/o guías de actuación vigentes que el Ministerio de salud haya implementado para la prevención, detección y abordaje de la violencia obstétrica en los establecimientos de salud públicos provinciales.
2. Información detallada sobre las capacitaciones realizadas al personal de salud de la provincia (médicos, enfermeros, obstetras, etc.) en materia de Parto Respetado (Ley Nacional N° 25.929) y prevención de la violencia obstétrica. Que se especifique:
3. a) Fechas de realización de las capacitaciones en los últimos 2 años.
4. b) Cantidad de personal capacitado por área o especialidad.
5. c) Contenidos de las capacitaciones y metodologías utilizadas.
6. d) Nombres de las instituciones o profesionales a cargo de las capacitaciones.
7. Datos estadísticos desagregados, si los hubiere, sobre denuncias o registros de casos de violencia obstétrica en los servicios de salud públicos provinciales durante los últimos 2 años.
8. Especificación de las acciones de difusión y sensibilización llevadas a cabo por el Ministerio de salud para informar a la población sobre sus derechos en el marco del Parto Respetado y cómo denunciar la violencia obstétrica.
9. Información sobre la provisión de métodos anticonceptivos en los establecimientos de salud públicos de la provincia. Que se especifique:

• Tipo de métodos anticonceptivos disponibles y stock promedio.
• Cantidad de unidades distribuidas en los últimos 2 años.
• Existencia y detalle de programas de consejería en salud sexual y re-productiva.

6. Información sobre las políticas y acciones implementadas para la prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo la provisión de tratamientos y medicación para VIH (antirretrovirales). Agradeceremos que se detalle:

• Programas de testeo y detección.
• Campañas de concientización y educación sexual.
• Garantía de acceso a tratamientos y medicación para personas con ITS y VIH en todos los niveles de atención de la provincia.

7. Información sobre el cumplimiento de la Ley N°27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) en la provincia de Jujuy. Que se detalle:

• Establecimientos de salud que realizan IVE/ILE. Cantidad en la provincia. Lugares de atención.
• Protocolos de atención vigentes. Capacitaciones realizadas durante el 2024 y primer semestre del 2025. Cantidad de personas capacitado, lugares realizados.
• Consejerías disponibles en la provincia por región, por departamento, ciudades. Equipos de Consejerías. Cantidad de profesionales en cada una de ellas.
• Acciones para garantizar el acceso al servicio y evitar barreras (como la objeción de conciencia institucional o individual).

8. Información sobre el cumplimiento de la Ley N°26.743 de Identidad de Género. Que se detalle:

• Sobre acceso para hormonización trans. Cantidad de consultorios de atención en la provincia. Detallar lugares.
• Cirugías solicitadas durante el año 2024 y primer semestre del 2025. Cuántas realizadas. Lugares de acceso a cirugías.

* Diputada provincial FIT-U.