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La Fiscalía del juicio “Pibes Villeros” en la audiencia de este lunes, pidió la pena de 22 años a la dirigente social Milagro Sala por los delitos de Asociación Ilícita, en calidad de jefa, Fraude a la Administración Pública y Extorsión. Al salir del Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, los abogados defensores de los imputados se quejaron por las penas que pidió la fiscal, Liliana Fernández de Montiel, al compararlas con la imputación por homicidio, que va de 8 a 25 años. Pesa la pena de casi tres homicidios para Sala.
Luego de pedir pena, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación pidió la inmediata detención de los procesados, aunque la sentencia no esté firme, con lo cual pretende cambiar la jurisprudencia penal nacional y provincial. La acusan de hacer la gran Boudou, que fue preso, sin sentencia firme y apelada en la Cámara de Casación Penal.
Después de casi 5 meses de audiencias, en la jornada pasada, se conocieron los pedidos de penas que solicitó la fiscal. Pidió la pena de 5 años de prisión para Raúl Noro por hallarlo supuesto autor del delito de integrante de una asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Para la diputada provincial de Cambiemos-Jujuy Mabel Balconte pidió la pena de 9 años y a la concejal de San Pedro de Jujuy Marcia Sagardia, solicitó la pena de 13 años y sugirió el inmediato desafuero de las legisladoras, luego de conocer el fallo del Tribunal en lo Criminal N°3.
La fiscalía solicitó para Javier Nieva, una pena de 15 años de prisión por los delitos de fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita y recordó que estuvo prófugo por más de 11 meses, y en una actitud machista, Fernández de Montiel, lo acusó que mantenía a su pareja y a la hija de ambos, mientras se olvido que fue detenido, en un supermercado donde trabajaba.
La fiscal solicitó 16 años (dos homicidios) para María Graciela López y para las hermanas María Sandra y Adriana Noemí Condorí, pidió 15 años para la primera y 14 años, por los delitos de asociación ilícita, fraude al estado y extorsión.
Una pena de 10 años de prisión se solicitó para los exintegrantes de la cooperativa de trabajo «Pibes Villeros», Patricia «Pachila» Cabana, Iván «Diablo» Altamirano y Miguel Ángel Sivila por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública.
En tanto, para Mirta «Shakira» Guerrero 13 años de cárcel y la acusó de ser “peligrosa” por estar imputada en otras causas, como el robo de una cámara al periodista Jorge Lanata. Para Mirta Aizama y Gladys Díaz 10 años a cada una, por ser integrante de una asociación ilícita y participación necesario de fraude a la administración pública
Para el ex titular del Instituto de Viviendas Lucio Abregú y del ex vocal social del organismo, Pablo Tolosa Perea, la fiscalía solicitó la pena de 8 años para cada uno, mientras para el empleado de la dependencia mencionada, Gustavo Martínez 7 años. Igual pedido de pena para el ex funcionario de la Municipalidad de San Salvador, Javier Emilio Bustos, quien era el ex titular de la Unidad Ejecutor Comunal.
Además para los diez cooperativistas que están siendo enjuiciado, Olga Tufiño, Alberto Cardozo, los hermanos Marcos Fernando y Marcelo Alejandro Almasana, Juan Manuel Nieva (hermano de Javier), Héctor Damián Lasci, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Sala, Juan Manuel Aguilera (hijo de la diputada Balconte), se solicitó la pena de 2 años de ejecución condicional.
Para José Choque, quien fue indicado como chofer de Noro y de Sala y había llegado a juicio acusado del delito de fraude, se pidió 4 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Y para Raúl Aguilera (otro hijo de Balconte) se solicitó la absolución del delito por el que fue traído a juicio.
Además, la fiscal Fernández de Montiel solicitó la inmediata detención para las personas que se les pidió más de dos años de prisión y el desafuero de las legisladoras Balconte y Sagardia.
Inmediatamente, comenzó su alegato una de las partes de la querella, el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, pero tuvo que parar, al suspenderse la audiencia, cuando ya transcurrían 9 horas de juicio, por un problema de salud de una de las imputadas, Graciela López, quien sufrió una hipotensión y personal de Same, no lograba normalizar la situación sanitaria de la procesada.
