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A través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno realizó importantes cambios en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle. Con estas modificaciones, limitó su intervención directa y delegó la responsabilidad de la ejecución de políticas sociales en provincias y municipios.
El texto que redefine el alcance de la Ley 27.654, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La nueva medida indica que el Gobierno nacional actuará como «órgano rector» a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que su participación en la asistencia directa quedará supeditada a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.
Asimismo, establece que la nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello y será este organismo el que tendrá a cargo la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
El decreto argumenta que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Ese es uno de los motivos por el cual cada provincia y municipio podrá diseñar sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción ya que, según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.
