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El Congreso unicameral de Perú sancionó este jueves, con holgada mayoría, una reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, con el fin de enviar “un mensaje claro y firme a aquellos políticos que tienen deudas con la justicia”, según el presidente de la Comisión de Constitución del parlamento, Luis Valdez.
La iniciativa fue aprobada en segunda votación -requisito legal, por tratarse de una reforma constitucional- con 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención, un número casi idéntico al que había obtenido la primera compulsa, en diciembre pasado (103 a favor, 14 en contra y tres abstenciones).
Entre los votos en contra figuraron los de 11 de los 14 legisladores del bloque del partido fujimorista Fuerza Popular (FP) y el de Manuel Merino -expresidente del Congreso y quien ocupara la Presidencia de la República durante seis días en la crisis institucional de noviembre pasado-, de la centrista Alianza Popular (AP).
“Este Congreso eliminará la inmunidad parlamentaria enviando un mensaje claro y firme a aquellos políticos que tienen deudas con la justicia”, dijo Valdez durante el debate.
“Hoy día este Congreso confirmará su compromiso y empatía con la población, hoy día este Congreso se sacude de cualquier mancha de inmoralidad e impunidad en la percepción de nuestros ciudadanos”, agregó, según el diario limeño El Comercio.
El congresista Gino Costa, del Partido Morado del presidente Francisco Sagasti, dijo que la reforma era “necesaria y urgente” porque la figura de la inmunidad fue “objeto de abuso por sucesivos congresos, afectando la imagen de la institución parlamentaria y convirtiéndose en uno de los peores rostros de la corrupción política”.
El legislador y candidato presidencial José Vega, del partido ultranacionalista Unión por el Perú, advirtió que se trata de una reforma “a medias”, pues esa bancada propuso también incluir “a presidentes y ministros” en la eliminación de la inmunidad.
Una vez que la reforma entre en vigencia, tras su promulgación, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar si un legislador debe ser sometido a proceso.
Hasta ahora, un congresista solo podía ser investigado, imputado, procesado o sentenciado si el pleno del Congreso aprobaba levantarle la inmunidad.
