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El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se sumó formalmente al reclamo por la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, al cumplirse un año de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su condena y dispuso la detención domiciliaria. El legislador advirtió sobre la fragilidad democrática que representa mantener bajo arresto a quien ejerció la jefatura de Estado en dos oportunidades y la vicepresidencia de la Nación.
Las expresiones tuvieron lugar en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, donde expusieron especialistas en derecho y referentes de organizaciones sociales, en paralelo a diversas movilizaciones y actos públicos replicados en distintos puntos del país.
Cuestionamientos al proceso judicial
Pichetto fundamentó su postura señalando la existencia de severas anomalías procedimentales desde el inicio de la causa Vialidad, donde la exmandataria fue declarada culpable por el delito de administración fraudulenta. Entre las principales irregularidades, el diputado enumeró la incorporación de un magistrado ajeno al tribunal original, el traslado de un fiscal penal cuyo destino inicial estaba asignado a causas de narcotráfico en Rosario y la restricción de los recursos de apelación.
Asimismo, apuntó contra los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia, argumentando una manifiesta falta de imparcialidad. Según su análisis, los miembros del máximo tribunal debieron haberse apartado de la causa debido a que venían de atravesar un proceso de juicio político impulsado justamente por la fuerza política de la acusada, lo que configuraba un conflicto de intereses.
Posible intervención del Poder Legislativo
El exsenador sostuvo que las decisiones de un jefe de Estado de la Nación deben someterse a parámetros de evaluación especiales y no ser juzgadas a través de los canales comunes de la justicia ordinaria. Criticó además las acciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes continúan presentando recursos judiciales con el objetivo de revocar el beneficio del arresto domiciliario y lograr el traslado de la expresidenta a una cárcel común.
Ante este panorama, Pichetto adelantó que la gravedad institucional del escenario habilita al Poder Legislativo a tomar cartas en el asunto. Afirmó que las cámaras legislativas cuentan con las facultades necesarias para intervenir con el propósito de declarar la nulidad de la sentencia y restablecer el equilibrio de poderes entre los órganos del Estado.
