Piden controlar la domiciliaria del represor Olivera y detener al condenado De Marchi

Los fiscales generales Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron este miércoles al Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan nuevas medidas de control de la prisión domiciliaria del represor Jorge Antonio Olivera, luego de que trascendieran imágenes del festejo por sus 50 años de casado con su esposa Marta Ravasi el pasado 3 de febrero, así como la «inmediata detención» del condenado Gustavo Ramón De Marchi, quien estuvo presente en la celebración.

Olivera y De Marchi, además de compartir graves condenas por delitos de lesa humanidad, estuvieron prófugos de la justicia tras escaparse juntos del Hospital Militar porteño en julio de 2013.

Según informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal (MPF), Maldonado señala en su escrito que si bien De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta porque el tribunal oral había dictado la suspensión de la ejecución de dos condenas por delitos de lesa humanidad por razones de salud, esa orden había sido anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio del año pasado.

«Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi», indica el fiscal en su presentación.

La solicitud del fiscal fue realizada el pasado 7 de febrero pero al tratarse de un pedido de detención, la fiscalía dio a conocer este miércoles la información «en atención a los riesgos procesales que eso podría conllevar».

Simulador

En tanto, el TOF de San Juan hizo lugar también hoy al pedido de Vega, quien había requerido un nuevo examen físico a De Marchi en la conocida como Megacausa III, en la que fue apartado -no llegó a ser juzgado- «en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica».

En el pedido, el fiscal solicitó que, además de la reevaluación a los efectos del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación -que prevé la posibilidad de suspender el proceso por razones de salud-, «se requiera a los peritos intervinientes que evalúen específicamente la posibilidad de que haya existido una simulación de afecciones por parte del nombrado».

Vega citó en su presentación una noticia publicada por el portal de noticias Tiempo de San Juan, que contiene la fotografía de De Marchi y su esposa conversando en una mesa durante las bodas de oro de su excamarada del Ejército.

«Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen», evaluó el fiscal.

Y agregó que en las imágenes del festejo se lo observa a De Marchi «en condiciones que ‘a primera vista’ parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia» que derivó en la suspensión de los procesos en su contra.

Controles

Por otro lado, el fiscal general formuló una presentación con nuevas medidas para controlar la prisión domiciliaria de Olivera, condenado en tres ocasiones a la pena de prisión perpetua. Entre ellas, que el tribunal le ordene «abstenerse de hacer reuniones con un número considerable de personas ajenas al entorno familiar» y la «prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada, o condenada por crímenes contra la humanidad».

Vega solicitó además la realización de «controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación a las restricciones antes referidas», así como «rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes».

El Tribunal, sin haber resuelto aún sobre la cuestión, corrió traslado a la defensa de las restricciones requeridas por el MPF.

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