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Por Néstor Espósito, en Tiempo. El fiscal federal Federico Delgado pidió la indagatoria del extitular de Vialidad Nacional (DNV) durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunto armado de una causa falsa contra funcionarios de ese organismo entre 2012 y 2015 relacionados con la construcción de la Autopista Presidente Perón. Entre los acusados aparece además una cuñada de Iguacel, por la supuesta manipulación y recorte de documentación sobre la cual –según la imputación– se construyó la denuncia espuria.
“Alcanza con leer la denuncia que dio origen a la causa y confrontarla con el resto de las constancias incorporadas a ese mismo expediente para advertir que los funcionarios de Vialidad efectuaron un recorte arbitrario de la información que obraba en el organismo”.
Esa conducta –añade la acusación- tenía por objetivo “demostrar con contundencia la comisión de un delito en el dictado de resoluciones y direccionar la causa penal en ese sentido cuando, en rigor de verdad, luego no sólo se demostró que la cuestión era opinable, sino también que los funcionarios públicos que impulsaron y prestaron declaración testimonial en ese expediente tenían conocimiento sobre la verdadera ocurrencia de los pormenores que giraron en torno a los procesos de expropiación para la construcción de la autopista”.
Iguacel denunció ante la Oficina Anticorrupción, y la entonces titular de ese organismo, Laura Alonso, llevó a la Justicia en julio de 2016 que el ex titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, y los funcionarios Claudio y Manuel Keumurdji dictaron tres resoluciones entre 2012 y 2015 para llevar adelante una política pública: la relocalizacion de vecinos de la localidad bonaerense de Ezeiza mediante expropiaciones para dar lugar a la traza de la autopista.
Cuando Iguacel desembarcó en Vialidad, denunció que esas resoluciones (que en algunos casos se relacionaban con títulos de propiedad “imperfectos”, porque quienes ocupaban esas propiedades no tenían todos los papeles completos, como ocurre en innumerables casos en la provincia de Buenos Aires) había sido irregular, sobre una base legal errada, por lo que el precio acordado había irrogado un perjuicio económico al Estado.
La causa recayó en el juez Claudio Bonadio, quien procesó a los funcionarios de Vialidad del kirchnerismo. En septiembre de 2019 la Cámara Federal revocó los procesamientos con dos argumentos centrales: se habían evaluado expedientes parcializados y la selección la había hecho Agustina Morán, cuñada de Iguacel y, además, las mismas normas por las que fueron procesados los ex funcionarios habían sido usadas por sus sucesores para efectuar pagos similares.
Según el fiscal Delgado, la cuñada de Iguacel pidió una auditoría sólo sobre una parte recortada de la documentación y así consiguió los procesamientos dictados por Bonadio. Pero cuando la Cámara revisó la documentación completa comprobó que la acusación se había construido sobre una base parcial.
Los denunciados fueron sobreseídos y pasaron de acusados a acusadores.
“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que Iguacel como Administrador General de Vialidad, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”.
Pero además, “Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la DNV (pudieron haber cometido) el delito de falso testimonio”.
Según el fiscal, “en principio, su intención fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal. En otras palabras, hicieron un uso privado de la infraestructura legal que, por definición, es pública y de alcance universal”.
