Familiares y dirigentes de organizaciones gremiales y sociales de Jujuy y Salta afirmaron este lunes que «son innecesarias» las detenciones del docente Nahuel Morandini y del trabajador independiente Roque Villegas, quienes se encuentran detenidos en una unidad penal de Jujuy imputados por publicar mensajes en redes sociales en torno al exgobernador Gerardo Morales y su esposa. «Hay abuso de autoridad», advirtieron.
Lucía Castro Olivera, esposa de Morandini, quien fue detenido el viernes, señaló que en su familia están «muy preocupados» por la situación judicial, y pidió el cese del encarcelamiento, que sea trasladado a su domicilio y pueda así «tener la compañía de sus hijas que lo extrañan».
«Hay un abuso de autoridad en las detenciones por publicaciones bastante intrascendentes por Facebook y Twitter», expresó la mujer, y refirió que en la audiencia de imputación del viernes pasado «la esposa del exgobernador adujo que esas publicaciones dañaron la integridad de su hija».
En una conferencia de prensa que ofrecieron este lunes organizaciones sociales y sindicales, Castro Olivera se refirió al «estrés» que están sufriendo como familia y denunció que previo a la detención «gente extraña circuló por el barrio, filmaban y se acostaban en los medidores de luz y un policía de civil los indagó para finalmente notificarnos que había una citación».
«Nahuel se puso a disposición de la justicia desde el primer momento, entregó su celular, lo mismo lo hizo Roque, porque no tenemos nada que ocultar», indicó Castro Olivera.
Morandini y Villegas fueron detenidos entre el jueves y el viernes. Las pruebas de imputación, revelaron allegados, son únicamente un posteo en la red social X (antes Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas».
Ambos replicaron de forma irónica versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador.
«Nos dicen que Nahuel lesionó la integridad de una niña. Así como le imputan cosas que se están difundiendo perversamente, nosotras tenemos niñas que hoy no pueden ver a su padre», expresó Castro Olivera.
La mujer, que es docente al igual que Morandini, pidió que la investigación se desarrolle con ambos detenidos libres. «Si no es así, que mejoren sus condiciones de detención y les permitan estar en sus casas», expresó.
Por su parte, Norma Vega, sostuvo que su hermano Roque Villegas «no preparó el tema, solo compartió, no es para que sea un delito y tenga que estar preso 60 días» en el Pabellón 2 del penal de Barrio Gorriti.
«Es el único varón de la familia, tiene cuatro hijos y vive con mi madre, que está desesperada y sufre diabetes», relató la mujer y pidió que «los días de prisión los cumpla en casa con sus hijos y con mi madre».
Al referirse a la publicaciones, indicó que «no es un delito difundir una cosa, eso lo hace todo el mundo».
Sobre las circunstancias de la detención de Villegas, relató. «A mi hermano lo venían siguiendo hace varios días y lo agarraron a la vuelta de la casa. Salió a ver un chapista; por suerte estaba con mi cuñado, si no, no sabríamos nada de él».
En ese sentido, denunció hubo un «seguimiento previo» y que «vestidos de civil» entraron al negocio de su madre «para comprar cigarrillos y golosinas».
Dirigentes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa) y su par de Jujuy Adiunju expresaron su «solidaridad» con las familiares de los detenidos y exigieron «inmediata libertad».
«Es fundamental que podamos articular algo que vemos en el resto del país y que viene sucediendo, una avanzada contra los derechos civiles», advirtió el secretario general de Adiunsa Diego Maita, por lo que exigimos que «se den garantías de procedimientos justos y ajustado a derecho».
En la causa, el fiscal interviniente, Walter Rondón, solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos detenidos invocando «una posible obstaculización de la investigación», en tanto el juez actuante Roberto Darío Assef rechazó el pedido para las detenciones domiciliarios solicitadas por los abogados de los detenidos.
«Este tipo de situaciones no son nada más que un aparato de terror con la intención instalar terror en la población a todo aquello que se manifieste en contra del gobierno de turno», expresó Eva Arroyo, secretaria adjunta de Adiunju y añadió que «nadie puede ir preso ni ser imputado penalmente por difundir un rumor, y menos aún por expresarse libremente sobre el mismo».
Prisión preventiva a dos hombres por tuitear sobre el exgobernador Morales: Están en la cárcel