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En la Comisión de Sistema Económico, Financiero y Órganos de Contralor, realizada en las últimas horas, participaron especialistas en temas económicos, entre ellos el ex funcionario del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, vía zoom.
Propuso que, en el nuevo texto constitucional debería quedar expresa la normativa de no tomar empréstitos y créditos para la provincia cuyos pagos comprometan más del 20% de la renta de la provincia.
Además, sostuvo que, en el articulado, se debe aclarar que los fondos no deben ser utilizados para un fin distinto para lo que fue tomado el empréstito, sino tener un fin específico y, sobre todo, no se deben usar esos fondos en gastos corrientes.
Los constituyentes y los invitados coincidieron en que los endeudamientos que comprometan fondos de la provincia, para pagarlos, deben ser aprobados por la Legislatura de la provincia con una mayoría agravada.
También señalaron que esta condición debería estar asentada en el articulado constitucional, para evitar dudas. Mientras que para los supuestos del artículo 82, donde la toma de deuda no compromete de manera directa al erario público, es suficiente con la mayoría simple.
A su turno, el actual diputado, Juan Brajsich, señaló que, según su opinión, en el caso de los empréstitos y créditos que se mencionan en el artículo 81, donde está establecido que no puede ser comprometido más del 20% de la renta, se debería elevar el límite al 25% porque “es la tendencia mayoritaria hacia la que se han volcado casi todas las provincias que han encarado una reforma de sus leyes financieras».
Al final de la reunión, la presidenta de la comisión, Teresa Agostini, señaló que el aporte de los invitados fue estratégico, porque estos artículos, 81 y 82, que entraron en la ley de reforma se refieren a la forma de financiamiento del Estado para conseguir fondos para obras trascendentes para la provincia.
Instituciones de la discapacidad piden actualizar el artículo 48 de la constitución local
La Comisión de Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías abordaron la reforma del artículo 48 de la Constitución de la Provincia, que garantiza el derecho a la “asistencia educativa e integral” de las personas con esa condición.
Durante el encuentro con referentes de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, especialistas en Educación Especial y funcionarios judiciales que trabajan en la temática, resaltaron la actualización en el texto constitucional, en los sistemas de apoyo a las personas con discapacidad y en el enfoque inclusivo que debe estar presente en la nueva Carta Magna.
La vicepresidenta de la comisión, María de los Ángeles Ros (Frente Justicialista) encabezó la reunión y al finalizar evaluó que “fue muy fructífera, fundamentalmente porque hemos receptado conocimientos, experiencias, vivencias de familias vinculadas con la temática de la discapacidad y hemos quedado en permanente diálogo con todos los invitados para seguir trabajando especialmente en la definición de los paradigmas que existen actualmente en la materia”.
Por su lado, Marcelo Gutiérrez, representante de la Coordinación de Inclusión Social y Accesibilidad del Ministerio de Desarrollo Humano, consideró que la modificación del artículo 48 “es muy necesaria a la luz de la actualidad de la discapacidad” y de las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, que han adquirido jerarquía constitucional en la República Argentina.
Consideró asimismo que con la reforma “se está dando un muy buen paso y creemos que será una forma positiva para que el futuro de las personas con discapacidad tenga mejores proyecciones”.
