Por recortes de subsidios, podrían desalojar a una institución que atiende a discapacitados

La situación de la Federación de Entidades para Personas Discapacitadas de Jujuy (Fendij) es desesperante, según palabras de Claudia Choque, la presidenta de la institución. Después de más de dos años de haberse suspendido la entrega de subsidios para el pago de alquileres, están a punto del desalojo por la acumulación de una deuda que supera los 500 mil pesos. Denuncian además que violencia policial hacia discapacitados, falta de servicios de transporte y ausencia de intérpretes de lenguaje de señas en el Poder Judicial.

«La institución siempre ha recibido subsidios para el pago de alquileres, y otro para el consultorio odontológico, pero desde fines de 2015 no estamos recibiendo nada», precisó Choque en diálogo con El Submarino Radio (91.5). Así es como se han acumulado deudas no solo por el no pago de alquileres sino también por la falta de recursos para pagar las facturas de servicios.

Ya llegaron las intimaciones para que desocupen los locales donde presta servicios la Fendij, a las que se sumó ahora el aviso de corte de energía eléctrica, «porque al estar vencido el contrato, no podemos pedir los medidores a Ejesa», precisó.

«Hemos presentado muchas notas pidiendo audiencia con el gobernador y hemos hablado con el ministerio de Salud. El ministerio nos mandó en enero un odontólogo, y eso hizo que se duplicara la cantidad de pacientes, pero dejaron de pagar el subsidio para obtener los insumos», relató Choque.

La titular de Fendij destacó que en el último año han recibido más en donación sillas de ruedas y otros ejementos ortopédicos, mientras que de parte del Estado «no vemos que hagan algo por darnos una mano, porque trabajamos ad honorem, con el corazón», señaló, y agregó: «Andamos buscando dinero de todos lados, porque hay que pagar el retiro de patológico, el sueldo de la secretaria del consultorio, los impuestos…».

Con los turnos ya otorgados por todo el mes de junio, la Fendij atiende a entre 150 y 200 pacientes por mes, no más de seis por día porque se trata en su mayoría de niños con autismo o con síndrome de Down, entre otras condiciones. «Tenemos que tomarnos el tiempo y la dedicación necesaria para atender a cada uno», explicó Choque.

-¿Les han dicho por qué ya no les entregan los subsidios? 

-Nos dicen que son contratos cada dos años y que ya va a salir, pero evidentemente no es algo que les urge. Y no tenemos ni siquiera con qué afrontar el pago de los sueldos de los empleados, mientras la gente sigue viniendo a la institución. Aprovecho para decir a la gente que necesitamos más sillas de ruedas, elementos ortopédicos y todo lo que sea descartable, pañales tamaño G e insumos odontológicos que nos puedan donar. Y necesitamos una resolución del ministerio.

-¿Ya recibieron la orden de desalojo?

-Primero nos dijeron que teníamos que desalojar a fines de diciembre. El ministro (de Salud) Gustavo Bouhid nos recibió en enero y nos dijo que esto se iba a solucionar, entonces pedimos plazo hasta marzo. Nos esperaron, pero todavía no se hizo nada y ahora nos llega la intimación donde dicen que no hemos cumplido, y por eso proceden al corte de energía eléctrica.

-¿Cuánto les entregaba el estado hasta el 2015?

-Mensualmente, cubría el pago de todos los alquileres; más 30 mil pesos para el consultorio odontológico.

-Últimamente recibieron denuncias sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidad para transportarse. ¿Cómo está esa situación? 

-Recibimos denuncias constantes de la vulneración del derecho de personas con discapacidad en el tema transporte. Una persona puede estar tres horas esperando un servicio de colectivos adaptado. Y está el tema de la mamá que ha sido bajada de un colectivo y llevaba niños con discapacidad. Pedimos a la dirección de Transporte que haga cumplir las normativas en materia de discapacidad.

-¿Hay  respuesta?

-Yo no vi en los organismos un interés por defender estos derechos, no he visto que el Consejo de Discapacidad haya salido a defender esta situación, como no vi que haya salido por la escuela Helen Keller. Las denuncias son constantes. Hay muchas cosas para hacer.

-Sobre el episodio de la mamá que debió bajarse del colectivo, la empresa manifestó que estaba cubierto el cupo para llevar discapacitados. ¿Cómo es eso? 

-Hay una restricción en la que ellos se basan. Pero hay una Convención para los derechos de las personas con discapacidad que está por encima de todas las leyes nacionales, los cupos o las resoluciones. Empecemos por respetar la Convención. Tenemos organismos del estado, funcionarios a los que se les paga para trabajar en este tema y que tendrían que repudiar estas situaciones. Y si hay que aplicar una sanción a las empresas, que se aplique. Pero ni siquiera hay un repudio.

-Ustedes acompañaron también a Ana Ascárate, la mujer discapacitada que fue víctima de violencia policial. 

-Sí, la acompañamos a hacer la denuncia. No es la primera vez que pasa esto con la policía. El año pasado en la terminal confuncieron a dos personas sordomudas con mecheras, y esas dos personas estuvieron detenidas todo el día. Al día siguiente, cuando logramos hablar con el fiscal, le preguntamos por qué no se le había designado un intérprete, y él nos respondió “¿Qué, habla chino?” Yo pregunto cuál es el protocolo que tiene la policía cuando detiene con personas con discapacidad. Y en el Poder Judicial no tienen intérpretes de lenguaje de señas.

-¿Alguna autoridad se ha acercado para dar una explicación sobre el problema de los subsidios?

-Hasta ahora ninguna. Nosotros hemos presentado nota, pero hasta ahora nadie se ha acercado a decir “vamos a ver cómo es esto”.

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