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El calendario de juicios de lesa humanidad para este año comenzó con traspié luego de que los tres programados para este mes fueran pospuestos, algunos sin fecha definida. Uno de ellos es el caso de Salta donde el esperado debate oral y público donde el ex juez Ricardo Lona debe responder por su complicidad con secuestros, torturas y desapariciones en la provincia quedó en un limbo luego de que el Tribunal Oral Federal Número 2 que debía darle inicio el lunes pasado decidiera no hacerlo. La Rioja y Buenos Aires son los otros distritos que patearon la pelota para adelante.
Lona fue imputado por su implicancia en el secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone y del homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, ambos testigos del secuestro el 11 de marzo de 1976. Luego, también fue involucrado en lo que se conoce como la Masacre de Palomitas. Ambas causas, a cargo del juez federal Fernando Poviña, fueron elevadas a juicio oral en 2017. Desde entonces, los familiares de las víctimas aguardaban el debate que tenía fecha de inicio el pasado lunes 18 de este mes.
Sin embargo, el tribunal oral integrado por el juez tucumano Gabriel Casas, su colega catamarqueño Juan Carlos Reynaga, el santiagueño Abelardo Basbus y la local Gabriela Catalano decidieron suspender el comienzo.
Así lo había pedido la defensa del ex juez a los jueces. Para retrasar aún más la última parte del proceso de revisión del accionar de Lona durante los años de terrorismo de Estado, los abogados Federico Rodríguez Spoch y Nicolás Ortiz plantearon al Tribunal que antes de dar el siguiente paso se debía esperar la resolución que la Corte Suprema de la Nación a dos recursos de queja que presentaron tiempo atrás. En el equipo de defensa de Lona históricamente colaboró el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. El Tribunal accedió al planteo y dejó al juicio oral en el limbo.
El día que supieron de la suspensión, los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas –cuyos casos serán evaluados en el juicio– acudieron a la puerta de los tribunales para volver a reclamar celeridad. En declaraciones a la agencia de noticias Anred, Mariana Gamboa Fernández, integrante de Hijos Salta y cuyos padres fueron asesinados durante la dictadura, aseguró que los familiares “no” van a “ceder en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia”. “Vamos a continuar con en el pedido de Justicia. La consigna es romper todos los muros de impunidad”, añadió. María José Castillo, abogada querellante por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, apuntó contra la Corte, a quien acusó de “garante de impunidad”, según consignaron medios locales.
Allí, Castillo presentó ante el Tribunal un pedido de reposición para que revea su decisión y fije fecha de inicio del debate sin esperar a la decisión de la Corte. En ese texto explica, entre otras cosas, que la dilación del juicio, que espera su realización hace dos años, “daña el derecho a la justicia de las víctimas de una manera irreparable, porque el tiempo transcurrido agrava el daño y favorece la impunidad, por el tiempo biológico del imputado”. El fiscal federal Federico Snopek realizó un planteo en la misma línea.
Lona fue juez federal hasta 2003. En los años de la dictadura cívico-militar era “el único juez federal de Salta” o sea que resultó “absolutamente cómplice de la matanza de Miguel Ragone, de la de todos y cada uno de los desaparecidos” de la provincia, denunció a un medio cooperativo local Fernando Pequeño, nieto del ex gobernador fusilado. Lona está acusado de no haber investigado la Masacre de Palomitas, un fusilamiento masivo de presos políticos que se encontraban detenidos en el penal de Villa Las Rosas, en julio de 1976 y también de incumplir con su rol de juez y, por el contrario, de encubrir secuestros y asesinatos e intentos de homicidio de Ragone, Arredes y Martínez de Leal. El ex gobernador fue secuestrado por una patota el 11 de marzo de 1976 a la salida de su casa. Arredes y Martínez, dueño y empleada de un almacén, salieron a ver qué pasaba e intentaron defenderlo. Fueron tiroteados por la patota. La mujer sobrevivió.
Pero el juicio contra Lona no es el único que debía comenzar y fue pospuesto. A principios de febrero debía comenzar en La Rioja un debate oral y público en el que serían enjuiciados 14 imputados por delitos de lesa humanidad, pero uno de los cuatro jueces integrantes del tribunal dio parte de enfermo. Es la segunda vez que se pospone. Del final de este juicio depende la fecha de inicio del que espera el ex jefe del Ejército César Milani como acusado. En Buenos Aires, los tribunales de San Martín pospusieron hasta finales de marzo el arranque del tercer debate oral y público por los crímenes cometidos en el centro clandestino Mansión Seré, que estuvo programado para este mes.
Por Ailín Bullentini, en Página/12
