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Con el objetivo de que el Estado provincial respete las libertades democráticas y terminen las persecuciones, referentes de organizaciones políticas, sociales y sindicales presentaron este martes un habeas corpus colectivo preventivo ante la justicia de Jujuy, de cara a la movilización en la que este miércoles van a exigir el fin de las acciones de amedrentamiento, amenazas y espionaje ilegal.
La marcha de este miércoles está convocada a las 9 de la mañana. En San Salvador de Jujuy, partirá desde la avenida Párroco Marshke hacia la plaza Belgrano. Habrá expresiones similares en otros puntos de la provincial.
En tanto, dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy presentaron al juez Jorge Zurueta, a cargo del Juzgado de Control 2, un pedido de hábeas corpus para que el sistema judicial y organismos del Estado provincial respeten las «libertades democráticas» y cese «la persecución ante cada manifestación de protesta». El documento colectivo cuenta con la adhesión de una treintena de referentes que fueron detenidos, tienen causas penales y fueron víctimas de espionajes ilegales por encabezar protestas sociales contra el gobierno de Gerardo Morales.
«Todos fuimos violentados en nuestros más elementales derechos constitucionales, pues fuimos observados, fotografiados e infiltrados por parte del Estado provincial», afirma el texto presentado en los tribunales locales.
Sobre este punto, el abogado Luis Paz, quien patrocinó la presentación judicial, precisó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5): «Hay muchos dirigentes sociales y sindicales que están siendo perseguidos. En un expediente iniciado en el MPA (Ministerio Público de la Acusación) hay más de 90 dirigentes que están siendo observados e infiltrados, y eso es de una gravedad inusitada».
Además de advertir sobre estas situaciones, la medida presentada en la justicia busca protección ante la manifestación que tendrá lugar este miércoles. «Tememos por nuestra libertad e integridad física, al ejercer legítimamente el derecho a protestar, a reunirnos y a la libertad de expresión en Jujuy», advirtieron para luego recordar que ya se registraron al menos una decena detenciones en lo que va de este año en el marco de distintas protestas o manifestaciones.
Entre ellas destacan la privación de libertad de dirigentes del Frente del Lucha Piquetero, en los primeros días del mes de marzo, cuando solicitaban mayor asistencia a 150 merenderos barriales y posteriormente, en abril, se detuvo a activistas de estos espacios en otra protesta contra el FMI. También en abril, pero esta vez en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, momento que se llevó adelante una multitudinaria movilización de colectivos sociales, se registraron incidentes y ello llevó a la apertura de nuevas causas contra referentes.
El pasado 6 de julio allanaron al menos 16 domicilios y sedes de espacios sociales luego de que se realizaran espionajes ilegales a quienes participaron de la protesta de abril, por lo que temen se avance con nuevas causas penales.
«Pretendemos que tanto el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial y el organismo extra-poder Ministerio Público de la Acusación nos informen, cómo se garantiza en la Provincia de Jujuy los derechos previstos en los artículos de la Constitución Nacional 14, 18 y 33 que garantizan –entre otros derechos- el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a reunión, el derecho a asociarse, y que todos los habitantes de la Nación gocen de los derechos a peticionar a las autoridades», dice la presentación judicial.
Escalada represiva
«Estamos denunciando la flagrante violación a los derechos humanos que hay en la provincia de Jujuy», señaló Luis Paz, y agregó: «Se ha recolectado mucha prueba documental que ya está en poder de las autoridades federales».
Esta no es la primera denuncia de este tipo. Para el abogado, «este año se está dando un aumento represivo constante en la provincia de Jujuy y la escalada va a continuar porque Morales no tiene respuestas para los más necesitados, para los trabajadores, los educadores y el personal de salud, y la única forma de llevar adelante este plan neoliberal que tiene instalado es con más represión».
En la misma línea, Paz reveló: «He tenido la posibilidad de ver un expediente donde directamente han utilizado y violentado la ley de seguridad interior, la ley nacional de inteligencia, observando e infiltrando a organizaciones políticas, sindicales, sociales, lo cual está absolutamente vedado».
«En Jujuy existe una Agencia de Delitos Complejos que ha sido creada a los efectos de perseguir, por ejemplo, a organizaciones mafiosas y narcocriminales; pero el gobierno de Jujuy la está utilizando a los efectos de perseguir a todos los ciudadanos», alertó, y agregó: «Hago esta advertencia porque no solamente están persiguiendo a organizaciones sociales, políticas y sindicales, sino que están observando, infiltrándose y mirando los muros de Facebook y las redes sociales de toda la ciudadanía de Jujuy, de los estudiantes, de las familias de Jujuy».
En este contexto, Paz analizó que, pese al temor que puede despertar esta situación, «el Estado argentino tiene las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía», y mencionó a los diputados y senadores nacionales que representan a Jujuy en el Congreso y a delegaciones nacionales como la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de las que aseguró que son «absolutamente confiables».
Los hechos
En la presentación judicial se enumeran algunos hechos que se dieron en los últimos tiempos, entre otros:
- Privaciones de la libertad al margen de lo fijado por el sistema constitucional, transformando la manifestación social y la libertad de expresión en causas de detención.
- Apartamiento del sistema de garantías penales con firme tendencia al derecho penal de enemigo, donde la razón de la persecución penal no radica en lo que uno hace, si no en lo que uno es y por su pertenencia política, social e ideológica.
- Allanamientos de domicilio en horas de la noche, sin fundamento legal para tal excepcionalidad, con uso excesivo de la fuerza, realizados por grupos armados pasando por arriba de la intimidad y la honra, sin las garantías que le manda la constitución.
- Persecuciones en la vía pública, con la constante restricción de la libertad ambulatoria que esto supone, con amenazas directas, dando nombre de los jefes a los que responden.
- Avance sobre la conformación del Poder Judicial con el fin de consolidar su ya tradicional tendencia conservadora y asegurarse la actuación sin los límites que debe poner la Carta Magna.
- Actuación del Poder Judicial bajo presión, con directa injerencia de quienes ejercen ese poder por vías de hecho.
- Resoluciones judiciales que después de producidas las detenciones intentan blanquear las Privaciones de la Libertad, tratando de legitimar lo que no solo es nulo de nulidad absoluta, sino inconstitucional de inconstitucionalidad absoluta.
- El avance del Ministerio Público de la Acusación con el fin de lograr la persecución ilimitada y controlada, persiguiendo específicamente a quien por ser un disidente político han transformado en un enemigo al que tratan de aniquilar.
- Avance sobre jueces/juezas y funcionarios/as. Jueces de control denunciados, imputados y algunos procesados. El traslado de fiscales en la investigación preliminar de causas sin dar razones legales al efecto, usando la simple formula de “razones de servicio”. Acumulación de causas por decisión fiscal, cuando sólo los jueces tiene esa facultad.
- Creación de normas específicas y sin respeto por el sistema democrático y republicano de gobierno, emitida con aparente formalidad pero sustancialmente inconstitucional, como es el Código Contravencional específicamente en su Art. 113, destinado a criminalizar formar tradicionales de ejercicio de la protesta.
