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Con la firma de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, se presentó en la justicia federal de Jujuy una acción de habeas corpus en contra de «cualquier acción que impida u obstaculice de manera alguna el ingreso y estadía en territorio de la República Argentina de personas originarias de Bolivia».
La presentación, que se realizó en el Juzgado Federal N° 1 con el patrocinio legal de Paula Álvarez Carreras y Néstor Ariel Ruarte, pide que la justicia “ordene a las fuerzas de seguridad federales y organismos de control migratorio» cumplir con la Constitución Argentina, y cita el tramo del Preámbulo que llama a «promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros (…) y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».
En este contexto, piden además que se brinde «resguardo preventivo de la vida e integridad física de las personas provenientes de Bolivia, garantizando sus derechos humanos», y que ningún refugiado sea «expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
En sus argumentos, el texto presentado al juez Esteban Eduardo Hansen señala que «Su Señoría, como hombre de derecho, tendrá por cierto y probado como un golpe al Estado de Derecho, teniendo como resultado que personas del hermano país tengan como necesario abandonar su territorio en razón de la grave situación que allí se vive», y le dice que en esta situación se debe «proteger la libertad, la integridad física y la vida, y de ninguna manera puede ser demorado por razones de documentales y/o administrativas».
«La prolijidad administrativa debe ceder ante la preminencia de los derechos humanos a proteger», agrega más adelante.
Denuncia luego que «se producen expulsiones de personas provenientes de Bolivia, que encontradas en los puestos fijos de Gendarmería Nacional en Tres Cruces y Purmamarca, sin la documentación necesaria, son llevadas a la frontera para su expulsión sin trámite alguno», y reflexiona: «En la situación actual, una respuesta de esta naturaleza expondría a estas personas de manera gravísima, a la vulneración de sus Derechos Humanos».
