El diputado nacional Agustín Rossi presentó una acción de hábeas data colectivo ante la Justicia Federal contra el proyecto denominado Gemelo Digital Social, impulsado por el Gobierno, con el objetivo de exigir precisiones sobre el uso y tratamiento de datos personales de la población argentina.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la jueza Natalia Analía Martínez, y solicita que el ministerio de Capital Humano informe el marco legal de la iniciativa, qué tipo de datos serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan del desarrollo del sistema y cuáles son los mecanismos de control previstos.
Además, el planteo judicial reclama precisiones sobre eventuales transferencias o cesiones de datos vinculados a los 46 millones de argentinos y sobre la participación de compañías privadas o extranjeras en el procesamiento de la información.
En su cuenta de X, Rossi afirmó al respecto que «el futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía» y precisó que presentó además un proyecto en la Cámara de Diputados y un pedido de acceso a la información pública en el Ministerio de Capital Humano sobre el tema.
Y escribió: «Exigimos transparencia y responsabilidad en el uso de los datos de millones de argentinos y argentinas. Además, si al anuncio le sumamos que sale de un gobierno cuyo Presidente tuiteó la estafa $LIBRA; que es una persona que no para de generar y reproducir discursos de odio; y que se cree un mesías, todo se vuelve mucho más preocupante».
Señales de alerta
Según la demanda, distintas expresiones utilizadas durante el anuncio oficial del proyecto encendieron señales de alerta respecto del alcance del sistema.
Entre ellas, se mencionan frases como “integramos información de múltiples fuentes en una base unificada” y “convierte la experiencia social en inteligencia pública”, que para Rossi evidencian un posible esquema de procesamiento masivo de datos personales sin información pública suficiente sobre sus límites, objetivos y controles.
Rossi sostuvo que el tema representa “una enorme gravedad institucional” y advirtió que la innovación tecnológica no puede utilizarse para avanzar sobre derechos y libertades individuales ni para desarrollar mecanismos de control social.
La acción judicial también incorpora referencias a la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, centrada en los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Allí se advierte sobre los riesgos de delegar decisiones sensibles en algoritmos y se plantea la necesidad de garantizar supervisión humana efectiva y responsabilidades claramente definidas en el uso de estas tecnologías.
En la presentación, Rossi argumenta que el proyecto podría vulnerar derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional, en la Ley de Protección de Datos Personales y en distintos tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina.
La explicación oficial
En un comunicado oficial publicado en X, el organismo dirigido por Sandra Pettovello, explicaron que se encuentra en una etapa preliminar y será desarrollado íntegramente dentro de la institución, utilizando equipos técnicos propios y recursos especializados del área, sin contratar empresas externas para su implementación
Desde la cartera señalaron que «es una representación virtual de un sistema real» y remarcaron: «Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios. Lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global».
En ese sentido, aclararon que la novedad no radica en el concepto tecnológico en sí, sino en su aplicación sobre el área, al brindar «una nueva herramienta para comprender mejor la realidad social y mejorar las políticas públicas»
Otro de los puntos destacados fue el uso de modelos agregados para evitar la utilización de información personal sensible: «La iniciativa procura comprender patrones sociales generales y tendencias territoriales extraídos de datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales».
«El objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional», concluyeron.