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La Multisectorial contra la Reforma presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy una acción de inconstitucionalidad del Código Contravencional vigente, porque consideran que es utilizado por el gobernador Gerardo Morales para «perseguir e intimidar» a quienes se manifiestan en rechazo a las modificaciones realizadas en la Constitución local.
«Frente a los conflictos que vienen hace más de dos meses, cuestionamos la legalidad del Código Contravencional, que viola garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales», expresó una de las abogadas patrocinantes, Lorena Mamaní, durante una conferencia de prensa que ofreció junto a dirigentes de distintos espacios y algunos de los más de cien afectados por contravenciones.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Mamaní explicó: «El Poder Ejecutivo provincial es el que, mediante la policía, notifica de las contravenciones; es el que aporta las pruebas en los expedientes contravencionales, y es el que acusa a través del Departamento Contravencional, que depende del Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo es juez y parte».
Por otro lado, Mamaní remarcó que con la conformación de los juzgados administrativos contravencionales, que aplican el Código Contravencional, «se genera una doble imputación, porque en los expedientes contravencionales se imputa por hecho que también es motivo de acciones en materia penal».
«Entonces entendemos, más allá de que se arroga una facultad que no le compete, porque es materia penal, también existe la posibilidad de que una persona se encuentre doblemente imputada por un mismo hecho, por el Código Contravencional y por el Código Penal», agregó.
«Que el Superior Tribunal de Justicia se corra del lugar de obsecuencia, haga honor a la división de poderes y nos haga lugar a esta acción, para que el pueblo deje de ser perseguido por luchar», resumió la abogada Mariana Vargas en la conferencia, al instar que se declare inconstitucional al Código Contravencional.
Consultada por El Submarino Radio sobre cómo sigue el trámite iniciado ante el STJ, Lorena Mamaní explicó que el tribunal debe correr traslado al Estado provincial, que es el demandado, que estará representado por la Fiscalía de Estado. «Le corresponde al Estado provincial ejercer su derecho de defensa, una garantía que por otra parte también se encuentra violada en todos estos procedimientos», comentó.
«Posterior a ello, el Superior Tribunal resolverá. En esta acción nosotros estamos pidiendo una medida cautelar de no innovar a los fines de que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, que es la inconstitucionalidad de la reforma, se notifique a los juzgados contravencionales para que se suspenda la prosecución de estos trámites», completó.
A su turno, el referente de la agrupación AJI 20, Miguel Ramos, quien enfrenta un juicio contravencional, señaló que «el pueblo entero viene padeciendo este Código, que ya lo hemos denunciado en muchas oportunidades», y recordó que ya afrontó procesos junto a otros integrantes del espacio, con sentencia y una multa de más de $600 mil, por el corte de un puente en noviembre de 2021 en una protesta por la situación social y económica en Jujuy.
Romina Canchi, de la CTA Autónoma, manifestó que «es un derecho constitucional poder expresarnos en las calles, a través del paro, de movilizaciones», y sostuvo que «lo que no es legal es lo que está haciendo el gobernador junto a sus socios y secuaces de los diferentes poderes. Son ilegales las multas, que descuenten los días del paro, que haya niños y niñas sufriendo hambre en la provincia».
Contra los procesos contravencionales en marcha, otros de los afectados también avanzaron en repudiar desde «ostentosos operativos policiales» para notificar las contravenciones y que son «expuestos públicamente generando prejuzgamiento», hasta que se les da «solo un día para armar defensas» y ante pruebas con «videos de muy mala calidad que no muestran nada».
Asimismo, advirtieron sobre el uso de «pruebas y testigos falsos», como el caso del referente de la Organización para la Liberación de Argentina (OLA), Alí Peralta, quien fue acusado de haber participado de las manifestaciones del 20 de junio en la Legislatura local, cuando no se encontraba en la provincia.
También revelaron una nueva contravención contra periodistas, en este caso en perjuicio de una comunicadora de Maimará, Olga Burgos, quien cubrió la represión policial del 17 de junio en Purmamarca. «Fueron cuatro policías en la puerta de mi casa. Lamentablemente estaba mi hija de doce años, que me pedía que me encierre en el baño y no salga porque me iban a detener», relató Burgos sobre el momento en el que ayer recibió la notificaron de la contravención.
