Presentaron pedido de destitución del juez Pullen Llermanos

Pasado el mediodía de este lunes, se presentó en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy el pedido de jury al juez Pablo Pullen Llermanos.

La solicitud de destitución del magistrado fue firmada, por: Marcia Baranovsky (Siglo 21), Elsa Colqui (Casa de la Mujer María Conti y Corriente Clasista y Combativa), Andrea Batalla (Comisión de Genero de APUAP), Alejandra Cejas (Fundación Observatorio Mafalda) Carmen Franco (Corriente Pueblo Unido), Nora Ferreyra (ONG Juanita Moro) Olga Burgos (Autoconvocadas Quebrada).

Las abogadas intervinientes son: Analía Flores y Malka Manestar (Andhes), y las patrocinantes Natacha Freijo y Mariana Vargas.

Los argumentos de la denuncia se sostienen en varias causales de remoción:

1. La decisión del juez denunciado de ordenar el cese de detención de Juan Carlos Gutierrez, luego femicida de Marina Patagua, que incluso ya tenía una denuncia por violencia de género en 2018, conociendo previo a dicha decisión que tanto el denunciado como la victima ya estaban incursos en un nuevo circulo de violencia, el informe de riesgo realizado por el MPA, desconociendo la normativa que permitía rechazar el cese de detención, y sin siquiera ordenar medidas que aseguraban restricción de acercamiento protocolizadas por el Superior Tribunal de Justicia en la Acordada 127/2020 (dispositivos de geolocalización)
2. La decisión de ordenar durante la feria judicial –siendo juez habilitado- el cese de detención de Gustavo Fiad, quien en una foto que es de público y notorio conocimiento, estaría vinculado por amistad con el juez, a pesar de estar acusado de abuso sexual, haber violado la orden de restricción hacia la niña victima en varias oportunidades, y a pesar de que dicha detención fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal en forma previa.
3. La decisión durante la feria de enero de rechazar el pedido de detención formulado por la Fiscalía cuando el acusado de abuso sexual, Oscar Raúl Farfán, violentó dos veces la restricción de acercamiento ordenada por el mismo magistrado denunciado. Las llamadas de la víctima al número por el propio Juzgado brindado para informar la violación de esa orden de restricción solo tuvieron por respuesta el destrato hacia la víctima.
4. La decisión de ordenar el 23 de diciembre de 2020 el cese de detención del imputado Daniel Rodríguez, en una causa de violencia de género, cuando el mismo tiene una condena previa de julio de 2020 de 4 años y 6 meses de prisión por el encubrimiento agravado del femicidio de Gladis Condori. Ninguna otra persona, en las mismas circunstancias, puede ser beneficiado por el cese de detención. Resulta llamativo que en la causa en la que resultó condenado Daniel Gutiérrez, su abogado defensor era primo del juez.
5. El hecho que fue de público y notorio conocimiento, en el que reemplazando a la jueza de menores Dra. Hinojo, resolvió autoadjudicarse la guarda de una niña en situación de riesgo, lo que fue desbaratado por actos posteriores de la jueza competente.

La emergencia que padece la provincia de Jujuy en violencia de género, se acrecienta si las mujeres y niñas padecen las decisiones de un juez como las que se relatan en el pedido de jury. Marina Patagua es la más triste consecuencia de ello. Se trata de decisiones que ponen en absoluta indefensión a las víctimas, cuando la obligación que asumió el Estado Argentino, es la de que todos sus funcionarios y todas sus funcionarias actúen con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar, y erradicar la violencia de genero contra las mujeres y disidencias. Mantener a Pullén Llermanos, en el Juzgado Especializado de Violencia de Género, es una acción contraria a la obligación estatal.

Por último, consideramos que todas las intervenciones judiciales en violencia de género conllevan siempre efectos sociales. Cuando éstas son discriminatorias, impactan en la perpetuación de la violencia de género en las mujeres enviando un mensaje que la impunidad de los delitos contra las mujeres y las niñas es tolerada. Esto favorece la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.