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La Organización Campesina de los Perilagos, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) presentó esta mañana un recurso de amparo ambiental y colectivo en el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar la venta de tierras en los Diques.
La presentación fue realizada por la abogada María José Castillo -representante de las comunidades junto a su colega Paula Álvarez Carreras-, quien explicó: “Lo más urgente es frenar el proyecto”, y fundamentó: “El gobierno provincial, a través del Legislativo y el Ejecutivo, dictó una ley que afecta a una reserva, violando el principio de progresividad ambiental”.
Castillo se refería así a la ley que transformó lo que era un área “protegida” en un área “sustentable”, para avanzar en el loteo y urbanización de una zona de los Diques Las Maderas y La Ciénaga, en el departamento El Carmen, donde viven campesinos que practican la agricultura y la ganadería familiar. Se trata de un enorme negocio inmobiliario que en el Presupuesto 2018 aprobado por la Legislatura aparece como un ingreso de 960 millones de pesos, solo en su primera etapa. Sobre el emprendimiento, el gobernador Gerardo Morales había definido que la intención es hacer una zona turística al estilo de Villa Carlos Paz.
“No es solo una cuestión ambiental, sino también de los derechos de los pueblos campesinos del lugar, porque son tierras habitadas por comunidades desde hace más de cien años”, precisó.
Presentado el amparo, se espera que el juez resuelva en menos de un mes. Si acepta la cautelar, no se podrá realizar ninguna obra de infraestructura ni mucho menos proceder a la venta de tierras.
Hugo Rodríguez, representante de las comunidades afectadas, expresó: “Este amparo es una de las herramientas que tenemos, además de la protesta, la difusión, y los petitorios que ya hicimos”.
“Este proyecto significa dos maneras de acorralar a la comunidad campesina, el negocio inmobiliario o el agronegocio. Y así se van corriendo las fronteras a través de los pooles de siembra de los terratenientes, se desaloja a la comunidad mandando a las familias a villas de las grandes ciudades, donde pierden su dignidad y se olvidan de su cultura. Y ese desarraigo seguramente irá en detrimento de su salud”, detalló Rodríguez.
Las familias afectadas son entre 80 y 100, al menos en la primera etapa del emprendimiento, que consiste en el loteo de Los Naranjos. “Son 472 lotes, y además de todo lo anterior no olvidemos que urbanización significa contaminación, depredación del medio ambiente, extinción de especies, de toda la biodiversidad, de la fauna y la flora, que van a ir desapareciendo”.
Otro de los representantes de las comunidades, Néstor Valencia, agregó: «Somos los hijos nativos del El Carmen, somos ocupantes de esos lugares. Hacemos responsable al gobernador, porque él es el que ha tomado la directiva y el que envió la reforma de la ley aprobada entre gallos y medianoche, sin consultarnos a la gente del lugar. Por eso consideramos que es una ley inconstitucional y nos vemos en la obligación de hacer este amparo”.
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