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Presentaron un pedido de juicio político y destitución contra Morales

Esta mañana, dos abogados del foro local solicitaron la promoción de juicio político y destitución contra el gobernador, Gerardo Morales, luego que se conociera que el Poder Ejecutivo local elevará un proyecto de ley que busca suspender procesos judiciales que ordenen el pago de sumas de dinero contra el Estado.

Los letrados consideran que el proyecto de ley que tiene la firma del mandatario jujeño es “inconstitucional” y “atenta con la propiedad privada”, durante una conferencia de prensa que encabezaron en el patio de la legislatura.

La idea del gobierno que se debe debatir en la Legislatura local el requerimiento de suspender “la iniciación de trámites y procesos de ejecución” de sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en la obligación de pagar y el dictado o ejecución de medidas cautelares y ejecutivas contra el Estado provincial, mientras dure la pandemia por coronavirus.

Riad Quintar y Alberto Nallar, abogados piden juicio político contra Morales porque “no tiene facultades para generar una ley de estas características”.

El proyecto a debatir pide la suspensión de juicios a los órganos de la administración central, entidades descentralizadas y entes autárquicos ligados a la estructura del gobierno.

“El gobernador no puede despertarse un día y decir esta sentencia queda sin efecto, a esta gente no le pago”, señaló Quintar sobre la medida que intenta no pagar a proveedores que “han trabajado para el Estado o trabajadores que tuvieron accidentes y sus casos fueron resueltos según los pasos procesales judiciales”.

Por otra parte, los promotores del pedido de juicio político analizaron que la situación de quebranto que argumenta el proyecto de ley del gobierno de la provincia, “es una quiebra generada por el propio gobernador a través de un endeudamiento vergonzoso de la provincia para ejecutar obras que han sido contratadas de forma directa que aún no se han terminado de ejecutar”.

Nallar sentenció “la deuda existe y con la carga social de que no se van a pagar las sentencias judiciales, habla a las claras que existe una mala administración por parte del gobernador que lo hace inhábil para continuar en el cargo, razón por lo que pedimos la promoción de juicio político y posterior destitución y rendición de cuentas en la justicia”.

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