Presión devaluadora y mayor inflación en Jujuy

Por Gastón Remy*. Día a día la inflación no para. En junio la canasta familiar aumentó 5.000 pesos y supera los 100.000. Mientras tanto, los grandes especuladores financieros y grandes exportadores de soja, trigo, maíz, presionan por una devaluación. Y cada vez que esto sucede, los precios se vuelven a disparar. Y todo lo que deja de comprar tu salario, nadie te lo devuelve, como vimos recientemente durante (y luego) del gobierno de Macri.

El gobierno nacional denuncia a los especuladores del campo, pero no toma una sola medida para frenarlos. Por el contrario, podría convalidarles un dólar más caro para que vendan la soja. Ya lo vimos cuando amenazó con estatizar Vicentín (un pulpo del agronegocio) y luego convalidó todas sus estafas. La oposición de Juntos por el Cambio aguarda a la espera de un mayor debilitamiento del gobierno, con la esperanza de volver a la Casa Rosada en 2023.

Lo que está en juego es si otra vez los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, salen ganadores a costa de las mayorías o si la clase trabajadora puede imponer su propia salida a esta crisis, tomando medidas que afecten los negocios capitalistas. Para ello hace falta ganar las calles con el paro nacional y un plan de lucha unitario. La CGT y la CTA deberían romper la tregua con el gobierno y convocar a miles de trabajadores a la acción en defensa propia.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos seis medidas para enfrentar la crisis y que las y los trabajadores tomen el control:

• aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales
• nacionalizar el comercio exterior
• trabajo genuino para todas y todos
• nacionalizar los servicios públicos
• fuera el FMI
• nacionalizar el sistema bancario. Esta semana estaremos llevando estas propuestas a los lugares de trabajo y en cada acción de protesta de la clase trabajadora.

Acá aportamos una lectura de la situación en la provincia y una serie de medidas propias a pelear en cada gremio, centro de estudiantes, en los barrios para unir a la clase trabajadora y darle fuerza en las calles.

La mesa de los poderosos de Jujuy está servida

El gobierno de Gerardo Morales hace todo lo que piden los grandes empresarios como eximir del pago de impuestos a los dueños del Ingenio La Esperanza o facilitar el saqueo de las mineras de los recursos naturales. El Gobernador agita en su gira por el país que «logró el superávit fiscal»; pero este saldo solo se sostiene con paritarias estatales a la baja. Si se actualizarán los salarios según la inflación, chau superávit.

Por su parte, el PJ jujeño comparte con el gobierno nacional el mismo “dejar hacer” a los especuladores y grandes empresarios en la provincia. Y también “deja hacer” al gobierno de Morales el ajuste sobre los estatales (con conducciones gremiales afines al PJ) que aceptan paritarias a la baja (19 % el primer semestre y ahora 20% hasta septiembre frente a una inflación que a ese mes superaría el 50%) y cuanta concesión a los empresarios desde la Legislatura votando los proyectos del oficialismo.

El propio titular de la AFI, Agustín Rossi, definió a su propio partido el PJ en Jujuy como “socio menor de la UCR”. Esta realidad pone al desnudo, que ambos partidos, gobiernan para los poderosos y, por otra parte, que solo el FITU es la única fuerza política opositora, independiente y de los trabajadores.

Tocan a uno, tocan a todos

En la provincia, venimos exigiendo un paro provincial a las direcciones gremiales, a la vez que somos parte de la pelea de las organizaciones sociales contra la avanzada persecutoria de Morales y su Justicia. La acusación sin pruebas de «asociaciones ilícitas» es muy grave. Intentan desarticular organizaciones que hace años pelean en los barrios contra el hambre y no solo en la provincia. Si no en todo el país. El ataque del gobierno despertó una movilización masiva de todo el arco de organizaciones sociales (opositoras y oficialistas al FdT).

Apostamos a redoblar la pelea por el cierre de la causa. Si las organizaciones sociales volcaran la fuerza social que organizan a acciones sobre rutas en toda la provincia, el gobierno debería empezar a retroceder. Pero para torcerle el brazo, también hace falta unidad con los ocupados. Sobre ellos también el gobierno mete miedo con el descuento de los días de paro o pasando listas negras.

Capataz de la pobreza

Con el garrote judicial en la mano el gobierno trata de disciplinar a todo aquel sector que salga a cuestionarlo en las calles, buscando así imponer paritarias a la baja, salarios de miseria en el Estado, pero también condiciones de superexplotación en el sector privado.

El sueldo de bolsillo de una enfermera es de 53.000 pesos, el de un municipal jornalizado (8hs) 45.500 pesos, ¿Quién puede vivir así cuando la canasta básica total supera los 104.000 pesos?

Esta realidad de los bajos salarios que se extiende más allá del sector público explica en gran medida por qué la provincia es la primera en todo el país donde el que tiene un empleo debe buscar otro (28,5%), o sea, uno de cada tres trabajadores ocupados. En el sector privado, esta realidad presiona para tener salarios en promedio un 20 % menor al resto del país ($ 78.700 vs $ 100.700, último dato disponible, 2021).

En el sector privado el 52% trabaja no registrado (sin obra social, jubilación ni aguinaldo), y sobre la juventud descargan la mayor explotación con 9 de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años que están en negro.

En el campo el trabajo temporario de 4 o 6 meses, deja a miles sin ingreso y obra social, durante gran parte del año. Mientras las patronales amasan ganancias millonarias como es el caso de Ledesma o los grandes productores de tabaco que además son subsidiados con millones del Fondo Especial del Tabaco. A los dueños de los colectivos le gestionan millones en subsidios y les autorizan permanentes aumentos del boleto.

Unir a la clase trabajadora y ganar las calles en defensa propia

El conjunto de la clase trabajadora está conformada por 90.000 trabajadores del sector privado, 85.000 estatales, 14.000 desocupados y 120.000 trabajadores que sobreviven en la “economía popular”. A simple vista la fractura es muy grande. Esta es la división que le permite a los poderosos y sus gobiernos hacer enormes negocios.

Se necesita unir a la clase trabajadora, comenzando por las organizaciones sociales que están peleando con los sectores en lucha como las enfermeras y el personal de salud autoconvocados, junto a los municipales que vienen de realizar acciones, y exigir al conjunto de las direcciones de los gremios estatales un paro provincial y plan de lucha unitario.

Esta pelea por poner en las calles a miles de estatales junto a las organizaciones sociales la hacemos bajo la perspectiva de imponer al gobierno y a los grandes empresarios una serie de medidas de emergencia ante la mayor carestía de la vida. Peleamos por:

Aumento salarial mes a mes según la inflación. Bono de 20.000 pesos para todos los estatales para compensar la pérdida salarial que dejará la paritaria del 20% hasta septiembre. Morales afirma que tiene superávit, esos fondos deberían ir a cubrir los salarios estatales.

Ningún salario por debajo de la canasta familiar hoy en 100.000 pesos. No se puede pasar todo el día trabajando y haciendo changas.

Aumento de emergencia de la asistencia social de 20.000 pesos.

Becas estudiantiles equivalentes a medio salario mínimo vital y móvil (22.750 pesos). Jardines materno-paternales para que nadie quede afuera de la Universidad. No al recorte del presupuesto universitario ordenado por la ministra Batakis.

En el sector rural y agroindustrial no puede quedar ninguna familia sin ingresos y obra social durante el fin de cosecha. Por un plan intercosecha que garantice un 75% del ingreso mínimo del peón rural. El financiamiento hay que lograrlo con impuestos a los terratenientes y con retenciones a los exportadores de citrus que desde enero 2021 no pagan un solo peso por cada dólar que exportan de naranjas, pomelos o limones.

Por ejemplo, el grupo Ledesma en 2021 exportó más de 31 mil toneladas de naranjas, el es principal exportador del país. Junto con los aceites esenciales que son de exportación. El total facturado en dólares superó los 81 millones. A un tipo de cambio de 130 pesos, si se le vuelven aplicar impuestos a las exportaciones al sector -que el gobierno nacional les quitó en 2021-, con retenciones del 6% se podría otorgar un ingreso de 50.000 pesos a 2000 trabajadores durante 6 meses.

Frente a la falta de empleo genuino, hace falta un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, que cree miles de viviendas y urbanice los barrios populares. El financiamiento tiene que venir de aplicar impuestos a las mineras de litio (hoy no pagan impuestos provinciales), ingenios y grandes productores de tabaco.

Por ejemplo, el grupo Allkem (que explota el litio en Sales de Jujuy) en el primer semestre del año declaró exportaciones por 293 millones de dólares. Si se le aplicasen ingresos brutos del 5% se podrían recaudar 1900 millones de pesos.

Con esos fondos se pueden construir 400 viviendas solo en medio año y proyectado al año podrían ser 800. Morales anunció la construcción de 1568 viviendas entre 2021 y 2023.

Sin tocar los intereses de los dueños de Jujuy no se puede resolver el problema de la vivienda que afecta, al menos, hay 40.000 familias sin vivienda propia que fueron admitidas por el Ivuj.

En la pelea de fondo contra la desocupación y por el trabajo genuino, impulsamos la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana –sin afectar el salario- en grandes empresas como ingenios o mineras que podrían crear así nuevos puestos de trabajo genuino.

* Economista. Concejal por FIT-U-PTS