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Por Néstor Pitrola, diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y dirigente del Partido Obrero. No es casual que la misión del FMI sea contemporánea a la discusión del presupuesto. La «ley de leyes» 2017 es un traje a medida de la «auditoría» del FMI y del curso de endeudamiento febril que inició el pacto con los fondos buitres.
Recientemente presentado en el Congreso, implica un recrudecimiento del ajuste en curso contra los trabajadores y jubilados argentinos: prevé un incremento de los despidos, aumentos salariales por debajo de la inflación y la pérdida de valor del salario acumulado este año. El aumento salarial del 17% contrasta de manera brutal con el aumento de la tarifa de gas que se acaba de refrendar en la audiencia pública, cuyo piso supera el 70%, a lo que se debe añadir los tarifazos en el resto de los servicios públicos. Se consagra de este modo una caída histórica del salario real.
En su exposición en la Comisión de Presupuesto del congreso, el vice de Hacienda Pedro Lacoste sostuvo que se trataba de un presupuesto «expansión», en relación a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Ni el FMi lo cree verídico, que ya calcula más del 5% de déficit. Los $247.000 millones que implica ese déficit son intereses de deuda, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. No se trata de una «expansión» productiva ni de gasto social, sino de un gasto financiero parasitario que ahoga a la economía entera. La emisión total de deuda prevista es de u$s 55.000 millones. De ellos, u$s 26.000 millones serán nueva deuda y u$s 18.500 millones, el financiamiento privado externo. Los vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses al capital y se seguirá empapelando de los bonos «pagadios» a la ANSES y otros organismos estatales.
Es este nuevo curso de endeudamiento y ajuste, cristalizado en el Presupuesto del Ejecutivo, el que el FMI viene a garantizar y para el que se presenta como salvavidas en última instancia. Todos, el gobierno y el FMI, miran para el costado sobre el déficit cuasi fiscal que acumula el Banco Central, cuya deuda en Lebacs supera los 600 mil millones de pesos a tasas enorme de vencimiento casi semanal que cuestan al pueblo argentino 200 mil millones en intereses, uno de los motivos del impuesto inflacionario. De ello se sale con más emisión o con deuda del Tesoro, dos cosas no previstas en el presupuesto que por algo, prolonga los superpoderes.
El presupuesto llega de la mano de la ley de Ganancias del gobierno, que echa por tierra las promesas de campaña electoral, ya que plantea un actualización del mínimo no imponible del 17% que deja intacto el famoso impuesto al salario y que presenta una modificación de la escala que no sólo es mínima, sino que se «autofinancia», o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro.
Finalmente, seremos los trabajadores y jubilados los que financiemos la «coparticipación» del 15% de la recaudación de la ANSES, con la que el macrismo se compró el voto de los gobernadores.
El presupuesto presentado es expresión de una crisis fiscal porque financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, despide trabajadores estatales y desvaloriza salarios y jubilaciones.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechaza este presupuesto, defiende el salario igual a la canasta familiar, el aumento de emergencia de $6000 y 82% móvil para los jubilados, abolición de ganancias y prohibición de despidos y suspensiones.
Con este programa, elaboraremos el dictamen del Partido Obrero y convocamos al movimiento obrero a movilizarse en contra del presupuesto del ajuste y en defensa de los trabajadores y jubilados de nuestro país.
Télam
