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Una familia que vive en el paraje las Urracas, en la zona de los Perilagos fue intimada a “retirarse voluntariamente” o será desalojada en forma compulsiva por la policía de la provincia.
Ante esta situación, la Organización Campesina de los Perilagos (OPC), nucleados dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), anticiparon que protagonizarán una sentada porque “es ilegal y carece de seriedad y veracidad la intimación que no es una orden judicial”.
Denunciaron que sufren constantes persecuciones, amenazas y hostigamientos, por parte del gobierno provincial, que intenta llevar a cabo un negocio inmobiliario en ese lugar.
En dialogo con El Submarino Radio (91.5), Esperanza Pereyra contó que “la familia estaba reponiendo el alambrado que tenía, que con el deterioro del tiempo era necesario cambiar los postes y alambres, a raíz de eso, se apersona la policía, primero hablando de que había un supuesto dueño, un tal Víctor Hugo González quien es el presidente de la agencia de desarrollo sostenible, empezaron a indagar porqué estaban haciendo el alambrado, quienes eran las personas, pedían identificación de las personas que estaban en ese momento, una de las personas que estaba ahí un miembro de la familia, muestra su documentación a un policía que en su momento no se presentó, y no tenía identificación”.
En horas de la tarde llega esta notificación de intimación, en la que se pide un desalojo, una cosa totalmente arbitraria, en ningún momento se habla del alambrado ni nada, se pide un total desalojo del familiar que presentó el documento y de las personas a establecer. Durante el día de ayer, los habitantes de la zona de los perilagos en los diques de Las Maderas y La Ciénaga, en El Carmen, fueron intimados a “retirarse de forma voluntaria” del paraje Las Urracas, lugar donde habitan.
¿Qué van a hacer?
Tuvimos una reunión de urgencia anoche, decidimos hacer una sentada en el paraje Las Urracas, al costado de la ruta 9, esperando que se cumplan las 24 horas acompañando a la familia, hacemos responsable al estado contra cualquier tipo de represalia que se pueda hacer contra los miembros de la familia o miembros de la organización.
De esta manera, la mujer consideró que gobierno provincial desconoce en este acto los “derechos posesorios”, las leyes en defensa de la agricultura familiar y la reciente “Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU” y de todas las leyes vigentes en nuestro país. Entre ellas, una reglamentación pendiente sobre la Ley Provincial N°6049, que legisla sobre los emprendimientos inmobiliarios en el perilago de los diques.
«Por ello exigimos el cese de la persecución sistemática y el avasallamiento de nuestros derechos y responsabilizamos al gobierno provincial de esta situación y de posibles ataques a la integridad personal y a los bienes de nuestras familias. En igual forma denunciamos la complicidad de la policía que se presta a acciones fuera de la ley».
