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Docentes, trabajadores estatales y organizaciones sociales y de la economía popular confluyeron en San Salvador de Jujuy en una contundente movilización que sumó reclamos por salarios y por programas de asistencia.
Las organizaciones sociales se movilizaron en el marco de una jornada nacional de protesta por el cierre del programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo, que afecta a casi un millón de personas en todo el país y más de 40 mil en Jujuy.
Por su parte, los docentes de media y superior en paro marcharon luego de brindar una conferencia de prensa en el Cedems, mientras que los maestros de ADEP cumplieron su segundo día de huelga.
También se hicieron oír referentes de la Asamblea por el Agua, en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo nacional, que ya tiene media sanción en el Senado y se debatirá en Diputados este miércoles.
‘Crimen social’
Con ollas vacías y limpias como símbolo de resistencia, organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular marcharon denunciaron que la eliminación de los programas nacionales constituyen un «crimen social».
La jornada, impulsada a nivel nacional por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, tuvo un tinte particular en la provincia.
Gonzalo Maurin, referente de Nuestramérica, destacó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la columna de más de tres cuadras integró a organizaciones sociales junto a los gremios docentes. «Nos une el espanto de lo que está pasando a nivel nacional y provincial», señaló.
Para el dirigente, la situación es crítica debido al impacto directo en la economía regional: «Según datos oficiales, son 43.000 los programas que se caen en la provincia. Estamos hablando de más de 3.300 millones de pesos que dejan de circular en nuestros barrios, ferias y mercados».
Uno de los ejes de la protesta fue el desabastecimiento de los comedores y merenderos populares. Las organizaciones marcharon con sus herramientas de cocina limpias y sin fuego, graficando la imposibilidad de sostener esos espacios ante la falta de asistencia estatal.
«Muchos merenderos están cerrando porque no hay cómo sostenerlos. No hay ayuda de Nación ni de Provincia para los sectores más vulnerables», explicó Maurin.
Asimismo, cuestionó la lógica del Gobierno al señalar que, mientras se ajusta a los sectores populares, los funcionarios nacionales incrementan sus patrimonios: «Parece que la casta son los pobres y ellos se encargan de enriquecerse».
Por su parte, Sebastián Copello, referente del Polo Obrero, calificó la eliminación de los programas como un «crimen social» y alertó sobre la paralización del consumo que esto genera.
«Esa plata es la que consume el feriante del Bachi 2 o del Copacabana en Alto Comedero. En La Quiaca son 80 millones de pesos que dejan de entrar», advirtió a El Submarino Radio.
La movilización, que incluyó además cortes de media calzada en la ruta 34 a la altura de San Pedro y en puentes de la capital, es solo el comienzo de un esquema de protestas que promete profundizarse si no hay respuestas de la cartera de Capital Humano.
Las organizaciones advirtieron que la criminalización de la protesta no frenará los reclamos. «La gente ya no tiene nada que perder. Por más que nos quieran amenazar con la policía o allanamientos, la unidad es el camino», sentenciaron los referentes, mientras las columnas se desplazaban hacia la plaza Belgrano para exigir una audiencia con las autoridades.
