Protesta por el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana en la legislatura

Un grupo de dirigente sociales, cooperativistas y vecinos marcharon a la sede del Poder Legislativo de la provincia para exigir el apoyo de diputados locales y nacionales para evitar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un programa nacional que posibilitaba la realización de distintas obras en barrios populares de todo el país. En Jujuy, existen 159 barrios populares.

Uno de los referentes del programa en la provincia, Marcelo Cabero dijo que “el Fondo de Integración Socio Urbana financiaba las obras de los más de 3600 barrios populares que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en nuestro país”.

Luego, resaltó que “en esos barrios viven el 10% de la población argentina, estamos hablando de cinco millones de personas que se ven perjudicadas de manera directa porque ya no van a tener acceso a obras de urbanización a realizarse en su barrio, como también este el programa Mi Pieza que queda anulado totalmente y hay muchas familias, mujeres cabeza de hogar que salieron sorteadas y todavía no recibieron el dinero”

“Estamos pidiendo el apoyo expreso de los legisladores de nuestra provincia en contra del cierre de este fondo. Se perjudica directamente a cien mil personas que habitan los 159 barrios populares que hay en Jujuy. Son 28 obras que se estuvieron realizando en Jujuy, algunas fueron finalizadas y otras quedaron a la mitad y está la incertidumbre porque depende ahora directamente del tesoro nacional la continuidad del programa”, destacó Cabero.

El Gobierno eliminó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) Así lo oficializó a principios de mayo a través del decreto 312/2025, que tenía como objetivo realizar obras públicas para lograr la integración de los barrios populares.

Hasta el año pasado, el FISU financiaba obras en el 85% de los 6.467 barrios populares registrados en el Renabap. Entre sus logros destacan la implementación de infraestructura básica, la prevención de desalojos y el inicio de una reparación histórica.

Gracias a esta política, 250.000 familias accedieron a servicios esenciales como agua potable, electricidad segura y saneamiento.

Además, se mejoraron escuelas, se construyeron plazas, espacios deportivos y comunitarios, todo esto con la activa participación de cooperativas conformadas por los propios vecinos y vecinas. Estas obras generaron más de 25.000 puestos de trabajo directos.

FISU: El Gobierno redujo el financiamiento para barrios populares en más del 90% 

La principal fuente de financiamiento del Fisu provenía del Impuesto PAIS, del cual un 9% de lo recaudado estaba destinado a obras de integración socio-urbana.

Sin embargo, el Decreto Nº 193 del 23 de febrero de 2024 dispuso una reducción drástica de ese porcentaje, asignando solo un 0,3% al Fisu. Esto significó una baja de 35.000 millones de pesos mensuales a apenas 2.000 millones, es decir, una disminución del 96%, situación que no se vio acompañada con la asignación de otra fuente de financiamiento pese a las promesas presentadas en el informe 140 de Jefatura de Gabinete ante el Congreso de la Nación. Este brutal ajuste ha dejado a la política de integración socio-urbana al borde de su extinción.

Otra referente del sector, es Noelia Vázquez, del Programa “MI Pieza”, dijo que “es una lástima que muchas mujeres hayan quedado sin el programa”.

“Tenemos un registro de 256 familias que pudieron cobrar la primera y segunda parte. Pedimos que también se haga efectiva la Ley de Barrios Populares que garantizaba los servicios básicos como la luz, la cloaca, el agua que es básico para familias vulnerables. En los barrios populares las calles no están transitables, sufren inundaciones y derrumbe de las calles, y el gobierno no está viendo estas problemáticas”.

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