Pueblos originarios de Jujuy denuncian que el proyecto de reforma «es inconstitucional»

Comunidades originarias de la provincia reclaman que la Constituyente cumpla con la ley y habilite la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 179 de la OIT, que rige en todo el país con rango constitucional. Además de presentar notas a los tres bloques que conforman la Convención, irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el proyecto de Gerardo Morales viola las normativas que resguardan su derechos. Advierten que el Gobierno provincial «extorsiona» a las comunidades para que firmen su adhesión a la iniciativa.

Gustavo Ontiveros, antropólogo e integrante de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, advirtió: «Se viene algo oscuro para la provincia de Jujuy, hacen todo en secreto, se viene lo peor en materia de derechos contra las comunidades».

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), señaló: «No han invitado a ninguna comunidad, ni cuando se debatió la ley 6302 de reforma constitucional ni para esta constituyente. Ni siquiera para hacer aportes y menos aun para cumplir con la ley de consulta y consentimiento, como prevé el Convenio 169».

El Convenio 169 de la OIT establece que los estados deben consultar a los pueblos originarios «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente», entre otras disposiciones que obligan a garantizar la participación libre de las comunidades en la vida pública.

En este contexto, las comunidades conformaron la Convención Constituyente Plurinacional, para reclamar que el proceso de reforma incluya a los pueblos originarios respetando su cosmovisión y atendiendo sus demandas históricas. Los pueblos guaraní, ocloya, tilián, kolla, omaguaca, quechua y chicha proponen que la nueva Cartas Magna tenga carácter «pluricultural». Así, presentaron a los tres bloques de la Constituyente sendas notas pidiendo «la apropiada consulta previa, libre e informada, y efectiva participación» en el proceso de reforma que se lleva adelante a partir del proyecto presentado «unilateralmente» por el gobernador Gerardo Morales.

La reacción de los pueblos originarios está motivada en un texto que el gobierno distribuyó a través del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, a cargo de Natalia Sarapura, donde supuestamente se los convoca a participar del debate de la reforma.
Sin embargo, el documento -que circuló en un papel impreso sin membrete ni identificación formal ninguna- afirma que «luego de un intercambio de ideas se arriba a la conclusión de que es necesario que el actual texto del art 50 se adecue al art 75 inc 17 de la constitución nacional».

«Eso también es algo secreto, como todo lo que hacen Sarapura y el gobernador Morales», afirmó Ontiveros, y agregó: «Hicieron circular por las comunidades, a través de funcionarios, este papel donde lisa y llanamente, y sin informar demasiado, obligan a las comunidades, especialmente a los presidentes, a firmar una adhesión a una reforma que ni siquiera se les dio a leer».

Para el antropólogo, se trata de «un engaño, también violatorio del Convenio 169».

Referentes de los pueblos originarios de toda la provincia iniciaron entonces una campaña para alertar a los presidentes de las comunidades sobre la maniobra, para que no firmen el documento. «Sé que algunos firmaron, pero con el total desconocimiento de sus comunidades», reveló Ontiveros, y recordó que «los presidentes de las comunidades no son los que mandan ni los que deciden, sino sólo a partir de una asamblea».

«Todo esto habla a las claras de lo oscuro que está siendo este proceso, ya con los constituyentes elegidos. Los máximos responsables son todos los que están ahí adentro, los 48, incluido el presidente, que es el gobernador», afirmó.

-¿Por qué algunos presidentes firmaron? 

-Por desconocimiento, por aprietes… A veces, si no firman no les dan el bolsón, no les dan proyectos, no les pagan y a algunos los despiden. Porque lamentablemente el gobierno de la provincia lo que ha hecho con las comunidades es hacerlas dependientes de bolsones, de proyectos, de becas y de contratos. Entonces se maneja este tipo de extorsión con muchas comunidades, especialmente con algunos presidentes.

-Si firmaron no hay vuelta atrás. 

-No, esto puede ser revertido. No han sido muchos los que firmaron porque casi todos los presidentes han sido advertidos y ellos mismos denunciaron esto.

-¿Para las comunidades esta reforma constitucional es un retroceso en sus derechos? 

-Esto no va a tener buen camino. La reforma que quiere llevarn adelante Morales, Sarapura, Jenefes y Rivarola va a ser totalmente inconstitucional, por lo tanto todas las leyes que se hagan a partir de esta constituyente van a ser inconstitucionales. Y así se va a reclamar, no solamente ante la justicia jujeña sino ante la nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se va a tener que llegar tan lejos porque lamentablemente en la provincia de Jujuy no hay justicia con las comunidades indígenas, y en el país tampoco, por esta justicia cooptada por el poder.

-¿Cómo sigue esto?

-Este lunes 5 hacemos una conferencia de prensa en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, a las 10 de la mañana, y de allí nos vamos a dirigir a mesa de entradas de la Constituyente para presentar las notas de las distintas comunidades pidiendo la consulta. Es decir, le pedimos a la Constituyente que cumpla la ley.

‘Gran desilusión’

El jueves pasado, las comunidades se dirigieron a la Legislatura para dejar una nota elaborada por la Asamblea Abierta, la cual no fue recibida por el bloque de constituyentes del radicalismo.

Rosario Virgina Hilario Mburubicha Guazu, de la comunidad Chereta Kavi y miembra de la Asamblea del Pueblo Guaraní, expresó al sitio originarios.ar: “Es una gran desilusión que el bloque del radicalismo no nos va a aceptar la nota, así que bueno, también los tenemos en contra. Es una vergüenza. No estamos pidiendo que nos reciban a todos, pero sí que reciban la nota”.