Referentes de los pueblos originarios de Argentina, Bolivia y Chile llevaron su reclamo a la ONU en el marco del 25º Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York. La delegación unificada del denominado “Triángulo del Litio” denunció el impacto ambiental de la minería en los ecosistemas altoandinos, centrando la advertencia en el riesgo extremo que corre el agua y la salud de las comunidades.
Por parte de Argentina, la representación estuvo encabezada por Clemente Flores, referente del Pueblo Kolla de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y Luisa Casimiro, licenciada en Trabajo Social del pueblo Lickanantay. Ambos integraron una comitiva que no solo presentó una postura política, sino que disputó los criterios técnicos de las evaluaciones ambientales actuales, señalando que la transición energética global no puede basarse en la destrucción de los medios de vida ancestrales.

El agua y el hundimiento de los salares
El eje principal de la exposición fue la crisis hídrica que genera la extracción de litio mediante salmuera. Según denunciaron ante los organismos internacionales, la sobreextracción de fluidos está provocando la mezcla de agua dulce con salada y la contaminación de cuencas vitales para la subsistencia en las zonas de altura.
Los referentes alertaron sobre informes científicos y testimonios territoriales que indican que la superficie de los salares se está hundiendo. Esta situación pone en peligro la supervivencia física y cultural de las comunidades, en un contexto donde el foro vinculó directamente la salud humana con la integridad de los ecosistemas.

Incumplimiento del Convenio 169
Otro punto clave del planteo en Nueva York fue la falta de aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT en la región. Los referentes exigieron que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de autorizar cualquier proyecto extractivo en territorio indígena.
La delegación subrayó que la minería de litio ignora las tradiciones ancestrales y afecta las realidades espirituales de los territorios. El documento presentado ante la ONU busca funcionar como un antecedente legal y político de peso para presionar a los gobiernos nacionales y provinciales en la defensa de los derechos de los pueblos originarios frente al modelo extractivo dominante.

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