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Los Organismos de Derechos Humanos llevaron a cabo la radio abierta, en la glorieta de la plaza Belgrano antes de la sentencia que se dictará este jueves, en horas de la tarde, por el quinto juicio de lesa humanidad, por parte del Tribunal Oral Federal de Jujuy N°1. Será a las 18.00 horas
La convocatoria a la opinión pública es para acompañar a los organismos que reclama que se condene la existencia de delitos sexuales cometidos durante la dictadura cívico militar en la provincia.
Los Organismos de DDHH, siempre han buscado hacer visibles las violaciones de los derechos humanos por cuestión de género, pero muchas veces, quedan al margen de los procesamientos penales, en este entorno social hostil que niega la existencia de la violencia sexual y estigmatiza a las afectadas y los afectados, denunciar estos hechos implica una batalla contra el silencio y la banalización de la violencia sexual.
Cabe recordar que en el pasado mes de diciembre del 2017, cuando se inició la etapa de los alegatos, el fiscal federal Carlos Amad solicitó cadena perpetua para el ex comisario de la policía de Jujuy, Arturo Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor.
También pidió 25 años de prisión para el resto de policías locales, Ramón Sánchez, Francisco Díaz y Oscar Guzmán por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, y 15 años para la única mujer imputada, Aida Ruiz, por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real. Y para Sergio Aldana 8 años por el delito de allanamiento ilegal cometido en carácter de partícipe secundario.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todas ellas fueron alojadas en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
En el primer operativo, el 21 de septiembre de 1976, fue secuestrado Víctor Jesús Segura, que tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes.
Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela, y trasladados a la comisaría 9, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la dependencia policial, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes.
Seis son los represores procesados en este juicio, que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
