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Ramos Padilla: «Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular»

El juez Alejo Ramos Padilla y su padre y abogado defensor, Juan, presentaron durísimos escritos en el expediente que el gobierno impulsa en contra del magistrado de Dolores. Además de los cuestionamientos al uso de escuchas ilegales, el defensor del juez pidió los testimonios de Macri, Bonadio y Carrió.

«Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la C.S.J.N. ha señalado que ‘no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública’». Con esas palabras definió el juez Alejo Ramos Padilla el expediente que el Poder Ejecutivo inició en su contra en marzo pasado en el Consejo de la Magistratura para pedir su remoción.

En las últimas semanas el expediente sumó a título de prueba las escuchas ilegales realizadas sobre exfuncionarios detenidos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz que, según los denunciantes –que al mismo tiempo son imputados en Dolores–, dan cuenta de que toda la causa por espionaje ilegal en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio fue una «operación» realizada desde la cárcel para perjudicar al fiscal Carlos Stornelli.

Los escritos presentados en el marco del expediente que inició originalmente Juan Bautista Mahiques en el Consejo fueron tres: uno firmado por el propio magistrado y los otros dos por su padre, Juan Manuel Ramos Padilla, que asumió su defensa.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, poco más de dos meses después de que se destapara el escándalo por la red de espionaje ilegal, el gobierno se presentó ante el organismo encargado de nombrar y remover jueces para pedir su apartamiento por haber participado de una reunión en la Comisión de Libertad de Expresión de diputados. Más adelante, con la difusión en distintos medios de comunicación de las escuchas ilegales sobre los exfuncionarios del kirchnerismo detenidos en Ezeiza y Marcos Paz, el oficialismo incluyó el tema en el expediente.

En el escrito que firmó, el juez de Dolores aclara desde el comienzo que «resulta difícil ejercer mi defensa y ofrecer prueba, más cuando en primer lugar debo cuidar la compleja investigación que continúo llevando adelante, y quienes impulsan y tramitan las actuaciones 35/2019 para sancionarme o removerme de mi cargo, son los mismos que aparecen involucrados o tienen un interés en los hechos que investigo».

«Como juez debo avanzar en la investigación de las causas que son sometidas a mi decisión, y ello, por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo», sostiene en otro de los pasajes de los duros cuestionamientos que tanto él como su defensor realizaron.

Ramos Padilla analiza y contradice cada una de las acusaciones que pesan en su contra. En primer lugar, justifica su presencia en el Congreso no solamente por «el derecho fundamental de los individuos» de acceder a la información, sino también porque la queja ya fue desestimada también por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Una de las explicaciones más interesantes que aporta está referida a los reproches que recibió originalmente por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, que fue haber solicitado la asistencia del Programa Verdad y Justicia en lugar de dirigirse al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

«En la causa Nro. FMP 88/2019 (la causa de Dolores) existen pruebas que indican que desde el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados y el Ministerio de Justicia de la Nación se pudo haber colaborado con maniobras para direccionar el testimonio de algún imputado-arrepentido, a cambio de beneficios e incluso dinero», afirma en su declaración.

Testimonios de peso

Los cuestionamientos de Ramos Padilla fueron por dos. Su padre, Juan Manuel, que oficia como abogado defensor del magistrado, se despachó con dos escritos, uno de los cuales pide que el Consejo convoque a declarar como testigos, entre otros, al presidente Mauricio Macri, al juez Claudio Bonadio y a la diputada Elisa Carrió.

Pero esos no son los únicos personajes de peso que solicitó el defensor: también pidió las declaraciones testimoniales de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, los diputados Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi y el ex embajador argentino en el Vaticano Eduardo Valdés, señalados por el oficialismo como una supuesta asociación ilícita que realizó una operación contra Stornelli y la denominada «causa cuadernos».

«Ni George Orwell pudo imaginar tal grado de control y depravación por parte de las estructuras del Estado», considera Juan Manuel Ramos Padilla en el escrito que cuestiona el accionar no solo del gobierno nacional sino también del propio Consejo de la Magistratura.

«El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la A.F.I., el Ministro de Justicia, el representante del P.E.N. ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido», comienza el documento presentado ayer en el expediente.

«Resulta preocupante que aquellos que están llamados a corregir a los jueces, no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho, no dispongan investigar a quienes aportan, filtran y distribuyen y utilizan esas escuchas, y por el contrario, tengan la pretensión de que quien investiga el espionaje ilegal y este tipo de prácticas ilegales en la Argentina se expida sobre ellas», continúa.

En esa misma línea, Ramos Padilla padre advierte que «pretender que un Juez analice estas ilegalidades es admitir que denunciantes, jueces y eventualmente los Sres. consejeros pueden incursionar con las escuchas de esta naturaleza y utilizarlas con propósitos contrarios a los que permite la ley y la Constitución Nacional».

Contexto

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