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El Colegio de Magistrados y funcionarios de la provincia de Jujuy emitió un comunicado, donde rechaza la marcha convocada por distintos sectores de la sociedad civil que pide la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el documento, afirman, “desde el convencimiento de que todos debemos defender la paz social e institucional”, y a la vez, repudian “toda injerencia que debilite uno de los poderes del Estado y menoscabe el sistema republicano y debiliten uno de los poderes de la República, produciendo inseguridad y desestabilización del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial que todos debemos defender en pos de la paz social e institucional”.
Luego convoca a los otros poderes del Estado a “pronunciarse y por la vía pertinente impedir tamaño desatino que solo podría admitirse en una sociedad donde impere la anarquía”. Es decir, la entidad no quiere que la sociedad se exprese contra los integrantes de Poder Judicial, que es el más cuestionado por la comunidad.
También es evidente que la entidad se olvidó de algunos articulados de la constitución nacional, que todos y todas juramos respetar.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales universales y regionales de derechos humanos, pues está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), En la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia.
