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La Organización Campesina de los Perilagos, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena, junto a otras organizaciones, como la CTA de los Trabajadores, manifestó su rechazo al proyecto Eco-Parque La Ciénega por el impacto negativo ambiental, social, económico y cultural, durante la audiencia pública realizada ayer en la ciudad de El Carmen.
Del encuentro participaron 34 expositores, entre ellos profesionales, concejales locales, integrantes de la Agencia de Desarrollo de los Diques, miembros de la Organización Campesina de los Perilagos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la CTA de los Trabajadores y pobladores de los distintos parajes de la zona de Los Diques, quienes se verían directamente afectados con este proyecto.
Del total de expositores, 31 personas expusieron las anomalías e irregularidades de la iniciativa del gobierno e insistieron en remarcar la inconstitucionalidad de la ley 6.049 que habilitó el loteo y venta de tierras en la zona.
Esa norma dispone que el territorio de los Diques deje de ser un Área de Reserva Natural Protegida de dominio público para pasar a ser un Área de desarrollo sustentable.
“La lucha sigue en defensa del territorio campesino para evitar la venta y privatización de los Diques en zona de El Carmen”, advierte la Organización Campesina de los Perilagos en un comunicado.
Anabel Yacianci, dirigenta de la CTA, cuestionó la realización de la audiencia pública y pidió su anulación, al enumerar una serie de irregularidades.
“En 2017 nos dimos con el denominado proyecto Ecoparque La Ciénaga, que lejos de constituir un emprendimiento que conserve el ambiente de los perilagos, es básicamente un proyecto inmobiliario de fraccionamiento de tierras”, afirmó, y agregó: “Con tecnicismos y engaños, se intenta construir allí la ‘Carlos Paz’ jujeña, como dijo el gobernador Gerardo Morales”.
Recordó que desde la CTA vienen denunciando irregularidades en las convocatorias a audiencias públicas, entre ellas falta de información o trabas para acceder a ella; inconvenientes para participar por falta de difusión; distancia, y problemas de conectividad. “Lejos de facilitar y garantizar la participación, la dificultan u obstruyen”, sintetizó.
También cuestionó la falta de información precisa y transparente sobre desmontes y proyectos mineros, y que las notificaciones a las comunidades campesinas u originarias se realizan mediante documentos netamente técnicos, “lo que impide que puedan entender con claridad de qué se trata”, manifestó Yacianci.
“Aparecen funcionarios en el territorio con mentiras y amenazas, intimando a firmar documentos que, de acuerdo a lo denunciado por varias comunidades, están armados con ‘corte y pega’ de información, lo que constituye un simple plagio”, agregó.
La sindicalista enumeró el marco legal vinculado con el anunciado Ecoparque:
- Año 2003: Se sanciona la ley provincial 5365 que crea el Área Natural Protegida de Los Diques.
- Año 2011: Se sanciona la ley provincial 5676 y el Decreto acuerdo 7465, de aprobación Plan de ordenamiento territorial de bosques nativos, enmarcado en el art. 41 de la Constitución Nacional (presupuestos mínimos determinada por la ley N°26.331 de Protección de Bosque s Nativos.)
- Año 2017: Se sanciona la ley provincial 6049, que “transforma” el Área natural Provincial de Los Diques en Área de Desarrollo Sostenible de los Diques (art. 29), y crea la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques como organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Provincial (art. 21).
Esta ley, advierten, es ilegal puesto que al momento de su sanción estaba vigente la ley 5676 de Ordenamiento de Bosques.
- Año 2018: Se sanciona la ley provincial 6079, de Actualización del Plan de ordenamiento territorial adaptativo de bosques nativos de la provincia de Jujuy.
