Rechazo a la designación del ex CEO de Syngenta como jefe de asesores del Presidente

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó este jueves una carta con más de 5000 firmas en la que rechazan la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Piden que Alberto Fernández revea el nombramiento del ex ejecutivo de la multinacional del agronegocio.

Aracre se desempeñó en Syngenta durante 36 años, y en los últimos 12  fue CEO de la compañía de capitales chinos para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado renunció para asumir como funcionario público a partir del 1° de febrero.

En un texto publicado en su sitio web, la organización ambientalista advierte que “Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior”.

Encabezado por las firmas de los ambientalistas Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, entre otros, el texto sostiene que “en 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas”.

“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, explican.

Detallan luego que actualmente las ganancias de Syngenta en Argentina «provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato».

Sobre la atrazina, indican que se trata de «un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea».

El paraquat, en tanto, es «altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros”, afirmaron los ambientalistas».

Sobre el glifosato, recuerdan que desde 2015 «fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”.

La puerta giratoria y la ética pública

En el documento, repasan que Antonio Aracre tomó «un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la ‘grieta’-, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables ‘entrevistas’ en radio, televisión y medios digitales”.

“Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018”, aseguraron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Caracterizan la situación como de «puertas giratorias», como se denomina a los casos de «funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones».

«En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito”, señalan.

También resaltan que en la legislación argentina, la problemática de posibles conflictos de intereses entre privados y el Estado está prevista por la Ley de Ética Pública, que establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.

“Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más”, remarcan en la carta.

Plantean más adelante: “Si bien el cargo de jefe de Asesores del Presidente de la Nación no otorgaría al ex CEO de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país”, reclaman.

“Es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, resaltan.

La Asociación de Abogados/as Ambientalistas mantiene abierta la convocatoria a sumar firmas a este documento. Se puede acceder mediante este link. 

El Presidente publicó en su cuenta de Twitter: “Le encomendé (a Aracre) seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina”.

A través de la misma red social, Aracre afirmó que su tarea sería “una oportunidad única para aprender acerca del estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos”.

Tras reunirse con el Presidente esta semana, Aracre expresó en declaraciones a la prensa su intención de “trabajar en acercar el mundo privado, el mundo de las inversiones al sector público”, con el fin de “potenciar todas las oportunidades” que existen “en los próximos tres a cinco años”.

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