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En su visita a Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, recibió una copia de la denuncia realizada en marzo de este año en contra de la edil quiaqueña Sara Aranda (Cambia Jujuy), quien en su perfil personal de Facebook reivindicara la figura del genocida Rafael Videla y la dictadura cívica-militar-eclesiástica-empresarial.
El documento está firmado por Madres y Familiares de Desaparecidos de Jujuy, Capoma DDHH, Hijos de Jujuy, ANDHES, Madres de Purmamarca, Asociación Jujeña de ex Presos Políticos, entre otros organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales; y dice: “… el posteo realizado, no hace más que reivindicar el accionar terrorista de la última dictadura cívico militar que azotó nuestro país entre 1976-1983… por cuanto, publicaciones como esta, constituyen una verdadera apología del delito y una afrenta a la ciudadanía toda.
La concejal del Cambista, en su momento adujo la insólita justificación de un “hackeo” a su teléfono, como motivo de la publicación donde se realzaba la figura de Jorge Rafael Videla.
Es por eso que, desde la intendencia de La Quiaca, el bloque del Frente de Todos La Quiaca y diversos sectores se solicitó una retractación pública de la edil radical y además se solicitó ante la presidencia del cuerpo legislativo fronterizo, “que se arbitren los medios en el marco institucional en el que cumple funciones la legisladora municipal, para que se haga efectiva nuestra demanda”, según expresaba el documento.
Horacio Pietragalla, en los pasados días, estuvo reunido con diversos sectores sociales, políticos y judiciales de Jujuy y pudo acceder al documento citado. La iniciativa de los organismos de derechos humanos tuvo como fin, viabilizar acciones desde la Secretaría que conduce Pietragalla.
Este tipo de acciones, que suelen ser habituales en dirigentes o referentes de la sociedad, motivaron en más de una ocasión la presentación de proyectos de ley que sancionen el “negacionismo” y la apología del terrorismo de estado.
En ese sentido, hace dos semanas, la comisión de justicia del Senado de la Nación recibió un proyecto de ley que propone penalizar con dos años de cárcel o multas de hasta cien salarios mínimos, a quien niegue, minimice o reivindique la comisión de delitos de genocidios, lesa humanidad o crímenes de guerra.
La iniciativa, que no es la primera, fue presentada por el senador chubutense Alfredo Luenzo y espera ser tratada en el recinto legislativo nacional a la brevedad.
La misma plantea como agravante para quienes ocupen cargos públicos, cuya sanción sería la «destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena».
