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Durante la semana, ingresaron pedidos de renuncia y/o expulsión de la concejala del Juntos por el Cambio-Jujuy, Sara Aranda quien hace unos días atrás cometió apología del delito, reivindicando la figura del mayor genocida de la Argentina, Jorge Rafael Videla
La acción y la actitud de la edil, que es docente, recibió el repudio generalizado de organismos de Derechos Humanos, gran parte del arco político provincial y nacional y manifestaciones en redes sociales, a partir de la visibilidad que tomó una carta abierta de una ciudadana quiaqueña.
En la próxima semana, los concejales de la ciudad fronteriza deberán tratar, con suma urgencia, los pedidos, denuncias y documentación que pide la expulsión, renuncia o interpelación de la edil radical.
Por su parte, el ejecutivo municipal encabezado por Blas Gallardo también elevó una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que tenga conocimiento y solicita que el organismo accione institucionalmente sobre Aranda, quien sigue mereciendo el mayor de los repudios por su ponderación a la figura de Videla.
Si bien casos similares ocurrieron en el país, existe un antecedente importante en Villa Cerro Azul (Córdoba) donde el jefe comunal tuvo que renunciar por expresiones similares, consideradas como apología de la dictadura cívico militar.
En el ámbito legislativo local, se esperan novedades al respecto, ya que el tema deberá ser tratado en sesiones especiales y más aun teniendo en cuenta que todo se dio a días de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Juntos por el Cambio-Jujuy judicializa el Deliberante
En un nuevo capítulo de la cuestionada, por lo menos, justicia de Jujuy, el partido del ex intendente quiqueño, el saltimbanqui, Miguel Ángel Tito, presentó una denuncia penal en contra de la ex presidenta del Concejo Deliberante, Raquel Gregorio, y la edil Felisa Nieves y los concejales, Daniel Flores y Jorge Tejerina por los procedimientos de asunción de las nuevas autoridades en diciembre de 2019.
En lo que calificaron como una medida “histórica” (sic), los concejales cambistas, Hugo Barro y Silvia Villatarco, expresaron beneplácito al comunicar la presentación judicial. Vale recordar que el Concejo Deliberante de La Quiaca estuvo 11 meses sin sesionar debido a una presentación similar a fines de 2019, lo que produjo prácticamente el cierre de uno de los poderes del estado municipal quiaqueño, durante casi un año.
Fuentes legislativas aseguraron a su vez, que la estrategia del bloque opositor siempre fue obstaculizar el funcionamiento del Concejo y esta vez estarían actuando en alianza política con la controvertida concejala radical Sara Aranda y la misma Felisa Nieves, que llamativamente figura en la misma denuncia. Lo que haría pensar –afirmaron fuentes del concejo- que la “denuncia” es sólo una maniobra más para volver a “empantanar” el normal funcionamiento del cuerpo legislativo quiaqueño.
Felisa Nieves, actual presidenta del Concejo Deliberante, tomó la decisión de pasarse de bando político y ahora se muestra con el bloque opositor al intendente. Según fuentes del ámbito político quiaqueño, diversos sectores sociales de la ciudad pedirán su renuncia o expulsión del parlamento comunal por haber traicionado su mandato electoral, ya que ella ingresó al Concejo con el Frente Todos por La Quiaca y ahora es radical.
La opinión pública, tanto de quienes votaron a ese Frente como quienes no, manifiesta un hartazgo por la manipulación institucional que priva a la ciudad de un poder del estado municipal, además de los sueldos que se pagan y no se compensan con funciones, paralizadas por estas cuestiones que datan de años anteriores. Acusan a Tito de ser el mayor e único responsable de esta crisis institucional que atraviesa, una vez más, el parlamento comunal.
