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El mes próximo se vence el plazo previsto por la Ley Iara, como se denomina a la ley 6186 aprobada en noviembre de 2020 que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en la provincia de Jujuy. Si bien el texto prevé la prórroga automática por un año más, desde diversos sectores expresaron preocupación porque la implementación de esa norma sigue siendo deficitaria.
Desde Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), plantean la necesidad de la prórroga porque, advierten, «seguimos en emergencia en materia de violencia de género».
La ley determinó que se crearan ámbitos dedicados a la temática, como el Cindac (Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad) y los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, además de establecer protocolos de actuación. No obstante, son numerosos los cuestionamientos a la eficacia de estas instancias.
Por otro lado, el presupuesto asignado a la aplicación de la Ley Iara también es motivo de críticas, puesto que, tal como denunció la exdiputada provincial (PTS-FIT) Natalia Morales, de los casi 96 millones asignados al Consejo Provincial de la Mujer, sólo el 11% se aplican a estos programas.
El femicidio de Evelin Marlene Farfán, cometido el viernes 14 en Libertador, volvió a poner en evidencia las fallas del sistema de atención que se verifican en el primer eslabón de la cadena, que es el momento en que alguien intenta presentar una denuncia. Cuando el padre de Evelin fue a la comisaría a denunciar que su hija no había vuelto a su casa, la persona a cargo le dijo que debía esperar 24 horas. Así fue como el hombre recorrió distintas seccionales, en la búsqueda desesperada de ayuda.
En otros casos, cuando una víctima de violencia intenta denunciar a su agresor, desde los mostradores policiales les suelen hacer preguntas que cuestionan o ponen en duda la situación por la que está atravesando.
Ariadna Espíndola Pinela, coordinadora del Área de Género y Derechos Humanos de Andhes, remarcó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que «existen protocolos, pero la pregunta es por qué no se activan, por qué no se actúa de manera rápida y eficaz».
La abogada puso el acento en la necesidad de capacitación en materia de violencia de género en todos los sectores del estado, «porque no es ese policía, es la institución».
En este sentido, advirtió sobre la «falta de perspectiva de género en el Ministerio de Seguridad, que son quienes están al principio, quienes tienen que buscar a las mujeres, a las niñas, quienes tienen que escuchar y recibir una denuncia».
«El estado debe recibir una denuncia sin cuestionar y sin juzgar a las mujeres y personas en situación de violencia. Si no pasa eso, es porque no hay capacitaciones eficaces que den soluciones para que las políticas públicas se apliquen efectivamente», agregó.
La especialista citó una encuesta realizada recientemente por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyos resultados ubican a Jujuy como la provincia con mayor prevalencia de violencia doméstica del país. Y relacionó este dato con las altas tasas de femicidios que hay en la provincia desde hace varios años. «Ambos aspectos coinciden», explicó.
«La violencia también está relacionada con la situación general -continuó-. Si hay violencia, y a eso se suma una situación económica de alta vulnerabilidad, es un caldo de cultivo para que pase lo que está pasando».
La pregunta, entonces, de cara al vencimiento de la ley Iara, es si Jujuy sigue en emergencia en materia de violencia de género. «Seguimos en emergencia, necesitamos que esta ley siga en vigencia y que haya presupuesto para políticas públicas en materia de género», afirmó Espíndola.
La abogada llamó a la reflexión respecto del rol de la comunidad: «Nosotros como sociedad somos responsables de monitorear, evaluar y exigir al estado que garantice que no sean solo políticas públicas escritas en un papel, sino que se apliquen. Desde Andhes creemos que la gente tiene que conocer sus derechos y tener acceso a ellos».
En esta línea, señaló: «Si voy a denunciar y el policía no me responde, es muy importante que yo sepa cuáles son mis derechos». Y enumeró: el personal policial tiene que tomar la denuncia; no puede obligar a la persona a hacer una exposición, y no tiene que cuestionar el porqué de la denuncia. Cuando una mujer quiere denunciar una situación de violencia, tiene el derecho a estar acompañada.
