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La defensa de Milagro Sala presentó una recusación contra el juez Pablo Pullen Llermanos y denunció que el magistrado instigó al detenido Fabián Ávila a denunciar a la dirigente social a cambio de otorgarle la libertad. Los abogados ya habían presentado otra recusación contra el juez por declaraciones públicas en las que sin ninguna prueba calificaba a la Tupac Amaru como una organización «mafiosa» a la que él “estaba combatiendo”, «cuando su función es investigar y asegurar a los ciudadanos la posibilidad de ser juzgados por un juez imparcial y con todas las garantías constitucionales», indicaron los abogados.
Fabian Ávila está preso en la causa que se conoce como “Ávila – Páes”, en la que se investiga un hecho ocurrido el 27 de octubre de 2007 cuando dos bandas habrían intentado matar con arma de fuego a Alberto Cardozo en el Barrio San Francisco de Alava. En el enfrentamiento fue herida una menor de 11 años.
Por los hechos fueron procesados Fabián Ávila y Jorge Rafael Páes -tanto en primera instancia como por la Cámara de Apelaciones- por lesiones culposas y abuso de armas. Mientras Ávila fue detenido en la vía pública, el segundo permaneció prófugo hasta mediados de febrero de 2016, cuando fue capturado en Salta y trasladado a la provincia.
En el expediente, cinco testigos, tres de ellos policías, declararon haber visto a Páes bajar del auto y disparar contra Cardozo junto con Ávila. Sin embargo, para el juez Pullen Llermanos, la sola declaración de Páes negando los hechos fue suficiente para otorgarle primero la prisión domiciliaria, a pesar de no cumplir con ninguno de los requisitos legales, y luego dictar su sobreseimiento.
En la declaración realizada el 22 de septiembre de este año, en el marco de la presentación del habeas corpus, Fabián Ávila relató que cuando se encontraba en el Servicio Penitenciario apareció el doctor Pullen Llermanos y le dijo «que colaborara» en la causa, que «la bronca» no era con él, que no lo querían preso a él sino a la señora Sala. La colaboración se pedía a cambio de su libertad, pero él respondió que «por qué iba a decir algo que era mentira”. Por otra parte, le había manifestado al juez que él “no tenía pacto de silencio con nadie”. Cuando lo detuvieron, expresó, hacía cinco años que no tenía contacto con Sala y al día de hacer la declaración ya eran siete años sin relación con la dirigente.
Analía Tolaba, la compañera de Alberto Cardozo, que a pesar de haber sido la víctima del ataque también fue detenido en el marco de esta causa, ya había denunciado que a su marido lo habían torturado y extorsionado para que denunciara a Sala como la instigadora del hecho. Incluso, la denuncia la realizó ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en mayo de este año.
«Este es un hecho más de violencia institucional y persecución judicial contra la dirigente del Parlasur e integrantes de las organizaciones sociales que fueron oportunamente denunciados», afirmaron los abogados de Sala. Además de las recusaciones presentadas en la justicia local, Pullen Llermanos fue denunciado junto al juez Gastón Mercau por prevaricato ante la justicia federal por haber creado una prisión “sui generis” específicamente para alojar a Milagro Sala.
