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La noche del 8 al 9 de marzo en Campo Verde.

Represión en Campo Verde: Desde Nación aseguran que el gobierno de Jujuy «niega los hechos» 

A partir de la represión en Campo Verde ocurrida entre el 8 y 9 de marzo pasados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) le envió al gobierno provincial una nota interiorizándose de la situación. La respuesta sorprendió: desde el área de Derechos Humanos de Jujuy aseguran que no hubo represión sino que fueron los vecinos quienes se violentaron. Y para apoyar esa afirmación adjuntan fotos de policías heridos y escudos rotos. «La verdad que no esperábamos una respuesta en ese sentido, afirmó Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, de la SDHN.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el funcionario explicó que, si bien la Secretaría no tiene competencia para actuar directamente en las provincias, sí puede hacer recomendaciones «y coordinar una agenda de trabajo para disminuir» los casos de violencia institucional. Pero aclaró: «Lo primero que se necesita para lograr eso es no negar los hechos».

Przybylski comparó la situación en Jujuy con la de Formosa, donde las autoridades provinciales sí admitieron que hubo violencia institucional, y analizó además el contexto en el que se dieron estos hechos. En este sentido, mencionó el caso de Milagro Sala como ejemplo de lawfare y la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para corregir «una prisión preventiva que excede todos los parámetros de legalidad y que está vinculada claramente a temas políticos de la provincia de Jujuy», sostuvo.

-El gobierno provincial les envió un informe sobre lo pasado el 8 y 9 de marzo en Campo Verde, donde dicen que no hubo represión sino agresión a policías. ¿Cuál es su reflexión?

-Efectivamente. En realidad lo que hizo la Provincia fue responder a una nota, un pedido de informe que le mandamos desde la Dirección la semana pasada, consultándolos por las denuncias que habíamos recibido de represión policial en Campo Verde. Lo que nos manifiesta la provincia es que no hubo represión, y nos envían fotografías de policías heridos, manifestando que en realidad lo que sucedió fue que hubo violencia por parte de los vecinos. La verdad es que no esperábamos una respuesta en ese sentido.

-¿Cómo actúa la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación frente a estos casos?

-Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, en un país federal como el nuestro, no tenemos competencia sobre las políticas provinciales, que dependen de cada gobernador. Entonces lo que hacemos, ante hechos de violencia institucional en cualquier lugar del país, cuando nos llegan denuncias, es observar y pedir información, hablar, hacer recomendaciones y coordinar de alguna forma una agenda de trabajo para disminuir esos casos. Lo primero que se necesita para lograr eso es no negar los hechos. Porque si partimos de la base de que los hechos de Campo Verde que todos vimos en imágenes no constituyen represión ni violencia institucional, estamos partiendo de un problema. Este es el motivo de nuestra preocupación después de recibir la respuesta.

Mariano Przybylski.

En el caso de Campo Verde, nosotros le decimos a la Provincia que si hay un conflicto social, la manera es entablar un diálogo para ver cómo se puede cumplir con las expectativas de uno y otro. Acá el reclamo de los vecinos es para mantener un espacio y además hacer la escuela, porque nadie podría estar en contra de construir una escuela. Entonces, la cuestión es sentarse, dialogar y ver cómo se puede llegar a un acuerdo. Pero nunca se va a llegar a un acuerdo mandando 300, 400, 500 efectivos policiales con palos y balas de goma. Eso siempre va a escalar el conflicto hacia la violencia, y eso es lo que termina con efectivos policiales heridos. La provincia nos dice que los derechos humanos son para todos y que hay policías heridos. Nosotros compartimos y entendemos eso también. Por eso le pedimos a la provincia evitar la violencia. Porque si evitamos la violencia, no va a haber ciudadanos heridos ni detenidos arbitrariamente, ni tampoco policías heridos, porque están heridos en el marco de un escenario represivo que ordenó la provincia.

-El gobierno de la provincia empezó a hacer circular una planilla en Campo Verde para que los vecinos firmen su apoyo a la construcción de la escuela en la cancha. Las presiones continúan. ¿Va a venir alguien de la Secretaría para ver de forma directa lo que está pasando?

-Esas son decisiones que se toman en conjunto. Todo esto es muy reciente. Nos empezamos a enterar de estas cosas a través de redes, no tenemos nada formal todavía y no llegamos a analizarlo. Pero por supuesto que todas las herramientas están sobre la mesa. La Secretaría puede ir; pero lo fundamental, y esto es importante que se entienda, es que por más que vayamos personalmente las decisiones de la política de la provincia de Jujuy las toma el gobierno de Jujuy. No tenemos potestad de interferir sobre eso. El secretario tiene previsto viajar a todos lados, pero en el caso de Jujuy los hechos de represión y de violencia institucional los vimos todos. Lo tenemos claro, no tenemos que ir a constatarlo. Pero bueno, estamos intentando tener algún vínculo de trabajo con la provincia para ver cómo podemos ayudar a resolver pacíficamente el tema.

-¿La Secretaría puede acudir a la justicia en casos como este?

-Nosotros estamos también pidiendo información a la Fiscalía que está a cargo de las personas detenidas. Nos preocupa también el Poder Judicial y la justicia. Ayer nos enteramos de que a las personas detenidas no se las dejó ser asistidas por el abogado que ellos querían, y se los derivó a una defensa oficial. Allí también hay una vulneración de derechos; eso es inconstitucional y nos preocupa.

-En el ámbito de la justicia provincial también hay problemas.

-Las deficiencias o problemas que pueda haber en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal fiscal de la provincia las conocemos históricamente. Tenemos a una dirigente social presa hace cinco años, y eso también es una pauta complicada, porque la Secretaría podría hacer una presentación judicial -que la puede hacer, no estamos exentos- pero vemos que es un territorio que tampoco augura soluciones satisfactorias, digamos. Entonces tenemos que evaluarlo y plantearnos una estrategia, siempre con las limitaciones que tenemos, que son la realidad.

-Cuando ocurrieron hechos de violencia en Formosa se armó un escándalo nacional, pero ahora con Jujuy no está pasando lo mismo. ¿Por qué es eso?

-En Formosa hubo episodios de violencia institucional y lo repudiamos desde la Secretaría inmediatamente. Las autoridades de la provincia admitieron los hechos y ahora estamos en contacto y trabajo constante para ver cómo podemos mejorar. Esta es la diferencia con lo que pasó en Jujuy, con la respuesta que tuvimos. Por otro lado está el tema mediático, que es irrefutable. Obviamente la violencia que hubo en Jujuy no se difunde en los medios masivos con la misma fuerza que la que se dio en Formosa. Esa es una realidad que tiene que con un tema más profundo, que es la concentración mediática, la prensa hegemónica, que tiene intereses políticos, que tiene una mirada política y que comunica en función de esa mirada. Más allá de esto, en Formosa la denuncia tenía que ver también con lo sanitario, y eso ameritaba una constatación, un viaje del secretario para hacer una evaluación.

-El gobierno de Formosa admitió que hubo represión y el de Jujuy no. ¿Es así?

-El gobierno de Formosa admitió que hubo violencia y se abrieron sumarios que investigan los excesos. Nosotros remitimos una nota, igual que hicimos con Jujuy. Pedimos información, repudiamos y el secretario habló con las autoridades para encarar un proceso de reentrenamiento de las fuerzas de seguridad y capacitación en derechos humanos y políticas contra la violencia institucional. Más allá de cómo sigan los hechos en Formosa, estamos siguiendo el tema y por lo menos la recepción fue distinta a la de Jujuy, donde hay una negación de los hechos. Eso no nos deja mucho espacio ni muchas puertas abiertas para encarar políticas en conjunto. Igualmente, vamos a insistir.

-Mencionó antes a Milagro Sala, una situación directamente relacionada con una justicia cooptada por el gobernador. ¿Están observando puntualmente ese tema?

-El tema de Milagro Sala para nosotros forma parte del lawfare. El secretario lo dijo con toda claridad y tanto el presidente como la vicepresidenta han advertido que el lawfare existe en Argentina, existió y sigue existiendo, porque está vinculado con el poder concentrado de los medios hegemónicos y de cierto sector del Poder Judicial, donde actualmente tenemos un problema importante en la cima, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un país donde las instituciones funcionaran bien, donde el Poder Judicial funcionara bien, la situación de Milagro Sala debió ser corregida por la Corte, que tiene desde hace tiempo recursos pendientes de resolución para revocar o revertir una prisión preventiva que excede todos los parámetros de legalidad y que está vinculada claramente a temas políticos de la provincia de Jujuy, esto dicho por los mismos dirigentes del sector que gobierna la provincia. Entonces tenemos un problema.

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