El gobernador Carlos Sadir resolvió vetar en forma total la Ley Nº 6.453 que dispuso la creación del Seguro Provincial de Salud (Seprosa). La Legislatura puede insistir con la norma con dos tercios de la cámara, según establece la Constitución de Jujuy.
La información oficial difundida este mediodía señala que el veto se decidió «en atención a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma».
Aclara luego que el Seprosa «fue creado para propiciar la apertura del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y, por esta vía, beneficiar a todos los habitantes con la cobertura de la mejor obra social de la provincia, garantizando prestaciones médico-asistenciales de calidad».
Los padres de la criatura
El proyecto del Seprosa que ingresó a la Legislatura y fue finalmente aprobado, no había sido presentado por el Poder Ejecutivo, sino por un grupo de 16 diputados y diputadas radicales: Santiago Jubert, Mariela Ortiz, Natalia Guevara, Gisel Bravo, Olga Ramos, Mabel Batallanos, Juan Brajcich, Guido Luna, Adirano Morone, Angélica Castillo, Malena Amerise, Federico Manente, Iván Poncio, Diego Cruz, María Ferrin e Hilda Prolongo. Por esta razón, el gobernador Carlos Sadir tenía la atribución de vetar la ley en forma total o parcial.
La ley se aprobó el 18 de diciembre. El plazo para que el gobernador la vetara se cumplió el 9 de enero. Finalmente, el texto de promulgación fue publicado el viernes 10.
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El Foro Provincial de la Salud, conformado especialmente en oposición al Seprosa, organizó jornadas informativas y reunió más de un millar de firmas para exigir la derogación o el veto de la norma.
El bloque de diputados provinciales del FIT, por su parte, elaboró un proyecto de ley para derogar la ley, mientras desde otros ámbitos de la política se hicieron varias presentaciones ante la justicia.
Qué puede pasar
De acuerdo al artículo 143 de la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo puede vetar «total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, dentro del término de diez días hábiles de recibidos».
En el inciso 2 se explica que el proyecto de ley observado, en el todo o en cualquiera de sus partes, deberá ser remitido a la Legislatura para su inmediato tratamiento.
En ese caso, la Legislatura «podrá ejercer su derecho de insistencia con los dos tercios de los votos de sus miembros, lo que convierte el proyecto en ley».
En el plano político, habrá que esperar si el veto al Seprosa tiene consecuencias. Sobre todo, se especula con la posible renuncia del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, quien en las últimas semanas se puso al frente de la defensa del arancelamiento del servicio de salud pública.
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