El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
En el pedido de excarcelación que presentaron al juez Gastón Mercau los abogados de Milagro Sala, manifiestan que la dirigente social y diputada del Parlasur se someterá a lo que disponga la justicia penal y no entorpecerá su accionar, a cambio de su libertad. Sala es una de las 19 personas que están siendo investigadas por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, pero la única que permanece detenida.
Los letrados solicitan que en el cese de detención se imponga «la comparencia de la imputada y registrar su presencia en la comisaría más cercana a su domicilio y firme el libro de novedades de la seccional”. Para lograr su libertad, ofrecen una caución juratoria y real con una propiedad ubicada en la localidad de San Antonio.
Afirman además que no existe peligro real de que la legisladora del Mercosur se fugue o entorpezca la investigación judicial.
El escrito se presentó antes del mediodía del viernes en el despacho del juez de Control Nº 3, Gastón Mercau, quien este domingo finaliza su actuación porque termina la feria judicial. Habrá que esperar quién se hará cargo de las actuaciones, y es posible que el Superior Tribunal de Jujuy (STJ) habilite un nuevo juez o cambie de magistrado.
El juez natural de la causa, Raúl Gutiérrez, que es quien dispuso la detención de Sala el sábado 16 de enero, se tomó licencia por enfermedad justo después de haber firmado la medida.
La referente de la Organización Barrial Tupac Amaru cumple 17 días de detención. La mayor parte de ese tiempo detenida por los delitos de “instigación a cometer delitos” y “tumultos”. Por esas imputaciones, fue liberada el viernes pasado, pero el mismo día, 30 minutos después, Mercau ordenó su detención por «asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión».
Permanece así en la prisión de mujeres del barrio de Alto Comedero.
Esta nueva causa, que fue promovida por el gobernador Gerardo Morales, está basada en testimonios y declaraciones públicas de ex cooperativistas, que hasta hace unos días participacban en el acampe de la Red de Organizaciones Sociales que se instaló en la plaza Belgrano el 14 de diciembre.
Estos referentes de cooperativas acordaron con el gobierno, se inscribieron en el plan de regularización de cooperativas y abandonaron el reclamo. De inmediato, ventilaron las acusaciones hacia Sala.
Ahora queda que el juez y la fiscal penal de turno, Liliana de Montiel, aporten en la causa algo más que declaraciones testimoniales como las que señalan que Sala no rindió cuentas de los fondos que llegaron, estimados en unos 29 millones de pesos.
Junto a la parlamentaria, están detenidos el ex vocal social del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Pablo Tolosa, y María Gutiérrez, una empleada pública y contadora del mismo organismo.
