Destacamos

Salta: Piden sanciones para el médico que no atendió a una joven que se desangraba

La Red de Profesionales Por el Derecho A Decidir pidió que se implemente capacitación en género al personal del Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, y la Fundación Volviendo a Casa reclamó sanciones para el tocoginecólogo Patricio Parra Marin, quien negó atención médica a una joven que se desangraba porque creía que se había practicado un aborto, según consta en la denuncia radicada por su madre.

Clara Pistan, de la comunidad Misión Los Tobas, demandó al médico por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Considera que el profesional cometió violencia de género y obstétrica, y abandono de persona cuando se negó a asistir a su hija que llegó al hospital público cursando una hemorragia. Esto ocurrió el sábado 18 de enero. La madre dijo que el médico humilló y maltrató a la joven porque presumía que había abortado.

La chica llegó en ambulancia al Hospital alrededor de la 1 de la madrugada. A las 3 tuvieron que salir porque el médico llamó a guardias de seguridad y pidió intervención policial, mientras la madre le rogaba que asistiera a su hija. Pistan dijo que la joven tuvo que cambiarse un pañal en la vereda. Recién a las 5 de la mañana, cuando Pistan, que trabaja como empleada doméstica, consiguió que su empleadora la acompañara al Hospital, la hija comenzó a ser asistida por una médica.

Pistan manifestó que hasta el momento, y pese a la difusión de lo denunciado por ella, ningún organismo de gobierno ni las autoridades del Hospital la han contactado. «No se han comunicado ni acercado a preguntarme», expresó. Tampoco tiene novedades de la denuncia que radicó contra el médico.

Ella también fue denunciada por el profesional, quien la acusó de intentar agredirlo, la mujer dijo que cuando le pedía que atendiera a la chica, quiso agarrarlo de la chaqueta y el médico intentó pegarle una bofetada, ante lo que ella antepuso el brazo. «El doctor tenía tiempo de ir a denunciar pero no de ver y asistir a mi hija», sostuvo Pistan.

La referente de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, informó a Salta/12 que este sábado se reunieron con Pistan y su hija. Dijo que articulan para que la defensora de género Valeria Magadan intervenga en la causa penal y la abogada Noelia Bonetto, en la civil.

Capacitación urgente

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se pronunció ante la denuncia pública de Pistan. «La joven fue sometida a todo tipo de maltratos y dilaciones en su atención, debido a los prejuicios del profesional asistente, quien habría presumido la realización de un aborto avasallando sobre los derechos de las mujeres y derechos de los pacientes», manifestó.

Desde el equipo de la Red dijeron que la ley 26.485, de Protección Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, está vigente desde 2009 contemplando derechos «que en el hospital de Tartagal fueron vulnerados, cometiendo actos de violencia física y psicológica , ejerciendo violencia institucional y obstétrica».

También los y las profesionales por el derecho a decidir hicieron referencia a la ley 26.529, que en su artículo 2 plantea los derechos de los y las «pacientes entre los que se encuentra la asistencia y el trato digno y respetuoso».

«La salud no es un negocio, ni tampoco un privilegio, menos puede convertirse en una condena. Les profesionales de la salud tenemos la obligación de garantizar el acceso según las últimas actualizaciones previstas y estar en continua formación como parte de nuestra praxis y ética profesional», planteó la Red. Por esto y ante el contexto de una una provincia declarada en emergencia por violencia de género, con un alto número de femicidios en 2019, la organización exigió que se capacite al personal de salud del hospital conforme a lo establecido por la Ley Micaela. También demandó a las autoridades competentes que actúen ante este hecho.

«Un tema de suceptibilidad»

El gerente de atención a las personas del hospital, Esteban Garitta, sostuvo que cuando ingresó la joven fue evaluada por la guardia central y la derivaron a ginecología, en el primer piso. «Tengo entendido que ingresa la paciente, se trata de hacer una ecografía y empieza todo un tema de susceptibilidad», dijo en cuanto a lo sucedido entre la madre y el médico. Explicó que la chica tenía una ginecorragia o hemorragia genital, «se empieza a evaluar los diagnósticos, hay una discusión entre el médico y la madre de la paciente».

Garitta aseveró que los diagnósticos ante una hemorragia genital pueden ser varios, «de acuerdo a edad y a protocolo, siempre se manejan los que comúnmente tenemos por guardia: aborto, amenaza de aborto, hemorragia genital o causas más complejas». Según el gerente, «la paciente fue internada, se hacen todos los estudios correspondientes». Esto se contradice con lo denunciado por Pistan, quien dijo haber tenido que recurrir a un sanatorio privado para hacerle una ecografía a la hija. «Al final (se practicó) legrado biopsia y legrado terapéutico. En la biopsia se extrae material de lo que se saca de la matriz y se manda a analizar a anatomía patológica», detalló el gerente.

Garitra dijo que las objeciones contra el aborto «ya son antiguas. Todas las pacientes que ingresan al servicio y al hospital son atendidas como corresponde», aseguró. Según él, en el servicio de maternidad, no discriminan entre «raza, religión o color y se les da a todos la misma atención». «Si es aborto o no, no se pide denuncia se atiende como corresponde. Por ahí dicen que somos objetores de conciencia y nada que ver, si hay lo firmarán en su momento», afirmó.

Que se vaya

El Partido Obrero por otro lado, reclamó que Parra Marin sea removido del cargo «a un servicio en el que no pueda poner en peligro la vida de ninguna otra persona». Planteó que el profesional se atribuyó «el derecho inexistente de anteponer sus prejuicios y objeciones religiosas sobre una paciente que necesitaba ser asistida con urgencia, poniendo en peligro su vida».

«Reclamamos a la ministra de Salud (Josefina Medrano) que se tomen medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir. El Estado es responsable de garantizar la atención inmediata y, por lo tanto, poner a disposición de la paciente el personal competente. La objeción de conciencia de ninguna manera debe eximir al Estado de garantizar el derecho a la salud de mujeres y niñas», sostuvo la ex legisladora Gabriela Cerrano. Agregó que el derecho a la salud es universal y tiene prioridad antes que cualquier persecución penal, tal como lo acreditan fallos en todo el país, incluso en la propia Salta.

Página/12

¿Qué opinás?

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

x

Check Also

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte recibió 174 mil presentaciones en 12 años

En sus 12 años de existencia, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió 174.170 ...