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A raíz de la detención en la localidad salteña de Tartagal y posterior liberación de una médica que accedió a garantizar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el Ministerio de Salud de la Nación difundió un comunicado en el que ratifica que dicha práctica fue realizada en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que rige en el país desde enero de 2021, y manifestó su apoyo a los equipos de salud «que cumplen con respeto y profesionalismo con lo establecido por dicha normativa».
Desde la cartera sanitaria nacional explicaron que realizan el seguimiento del caso «con el objeto de asegurar los derechos de las personas con capacidad de gestar y de los equipos de profesionales que intervienen para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país».
“Confiamos y apoyamos a las y los profesionales de la salud que se capacitan y trabajan garantizando el acceso a la IVE-ILE y posaborto, respetuosas y respetuosos de la ley, de los derechos y de la autonomía de las personas”, indicó la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria nacional, Valeria Isla.
Desde que fue promulgada la Ley 27.610 el 14 de enero último, la cartera sanitaria nacional implementó una serie de acciones para garantizar el acceso efectivo a la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que se cuenta la capacitación de los equipos de salud en la realización de prácticas asistenciales.
“Venimos trabajando con las directoras y referentes provinciales de salud sexual y reproductiva de manera conjunta para apoyar a los equipos de salud que garantizan el acceso a la práctica IVE-ILE”, señaló Isla, y destacó “el rol de la sociedad civil y las redes feministas que acompañan a las mujeres y personas con otras identidades de género para acceder a este derecho”.
Desde la sanción de la Ley 27.610 la interrupción del embarazo es legal en la Argentina ante la sola solicitud de las mujeres hasta la semana 14 de gestación inclusive. Además, tal como ya establecía el Código Penal desde 1921, a partir de esa fecha la práctica es legal ante un riesgo para la salud o para la vida de la gestante o cuando el embarazo es producto de una violación.
