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Sanción a Sala: «Un intento de proscripción que recuerda a la Revolución Libertadora»

ustarez carrilloTras conocerse el fallo contra Milagro Sala y la Tupac Amaru que leyó Matías Ustarez Carrillo, funcionario administrativo designado en el Juzgado Contravencional en enero por Gerardo Morales, el abogado de la organización, Luis Paz, describió la decisión como «un primer intento de proscripcion social que recuerda a la Revolucion Libertadora», y agregó: «Morales está tratando de hacerle a la organizacion barrial lo mismo que le hicieron los españoles a Tupac Amaru». 

Ustarez Carrillo condenó este jueves a Milagro Sala y a la Organización Barrial Tupac Amaru por el acampe pacifico que se realizó en la Plaza Belgrano entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero. Mientras sancionaron a la persona jurídica de la organización barrial con la multa máxima de 3780 pesos y con la clausura de la sede de la calle Alvear 1165 por tres meses desde que quede firme la sentencia, a la dirigente social le impusieron la misma pena económica y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia.

Tras escuchar la condena, Milagro Sala expresó: «No estoy de acuerdo con esta pena. Estan criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de lo que hice porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima», aseguró.

Durante el desarrollo del proceso contravencional, quedó claro a través de los testimonios que el acampe se instaló ante la falta de respuestas por parte del entonces gobernador electo a los pedidos de audiencia que realizaron de manera formal y en tres ocasiones las organizaciones sociales a partir de la preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo de más de 15 mil cooperativistas.

Este aspecto central -la realización de una protesta frente a una falta de respuesta- fue claramente desarrollado en los alegatos de los abogados defensores de Sala, Ariel Ruarte, Luis Paz y Paula Alvarez Carreras. 

Recordaron que el derecho a manifestarse está consagrado en diversos instrumentos internacionales y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «la protesta pública parece ser el único medio que permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate publico puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado».

‘La más conocida’ 

A pesar de que en el acampe participaron más de 20 organizaciones sociales y que todas las decisiones se adoptaron en asambleas públicas y multitudinarias, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Tupac Amaru.

Segun indicó Rodolfo Rocamoso, integrante del departamento contravencional, también designado por el contador Morales, que ofició como parte acusadora, solo se investigó a la citada organización barrial «porque era la más conocida, y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso». Curioso argumento que pone en escena el sentido ejemplificador que quiere dársele a la persecusión hacia Sala y la Tupac Amaru, que parece no tener límites. 

En relación a la condena a la organización, Álvarez Carreras señaló que existe profusa jurisprudencia que sostiene que las personas jurídicas no puede cometer delitos, ni ilícitos ni contravenciones, por lo que pidió la nulidad parcial del alegato de la acusación que solicitaba que se condene a la organización barrial.

En ese marco, también indicó que «los responsables de las acciones son las personas físicas que son las que las llevan adelante; y aunque quisieran condenar a la Tupac Amaru, tampoco llegaron a demostrar cómo la organización cometió la contravención», reclamó la letrada. Como sucedió ante cada uno de los planteos de la defensa, fue desoído.

«Es una decisión escandalosa tomada por un funcionario administrstivo del Poder Ejecutivo provincial que excede sus facultades», dijo Álvarez Carreras en relación a la clausura de la sede de la Tupac Amaru y la prohibición a Milagro Sala de ser miembro de una organizacion en el ambito de la provincia». Y reclamó: «No hicieron lugar a nuestros planteos sobre la nulidad de las actuaciones por la violacion de garantías constitucionales y al planteo de inconstitucionalidad por la figura por la que se la juzgó a Milagro, que es en definitiva el ejercicio de un derecho constitucional a manifestarse».

La abogada aseguró que la defensa va a solicitar la revisión integral de todo lo actuado ni bien se conozcan los fundamentos de la condena.

Por su parte, Luis Paz señaló que la sentencia «tiene un marcado tinte político, como no podía ser de otra forma, en tanto fue adoptada por un empleado de Gerardo Morales. Es un primer intento de proscripcion social que recuerda a la Revolucion Libertadora. Es otro avance más sobre todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año», expresó.

«Morales está tratando de hacerle a la organizacion barrial lo mismo que le hicieron los Españoles a Tupac Amaru. Para eso utiliza no solo al Poder Judicial sino también a órganos cuasi judiciales que ha creado dentro del Poder Ejecutivo», señaló, y advirtió que «ninguno de los funcionarios designados por el contador está dispuesto a respetar la Constitución y los limites que este sistema de garantías le impone no solamente a los gobernados sino también a los gobernantes».

«Ni Morales ni sus funcionarios están respetando los limites y están avanzando sobre los derechos más importantes de la sociedad; pero particularmente a la Tupac Amaru y a Milagro Sala se le aplica el derecho penal del enemigo: no se les respeta ningún derecho constitucional, no han podido demostrar ninguna vinculación entre la persona jurídica y el acampe, y sin embargo han podido desplegar toda la sanción violenta en contra de ella».

Por su parte, Ruarte remarcó que «no han podido avanzar con la restricción de la libertad de Milagro Sala porque iba a quedar muy notorio el hecho de que por la misma base fáctica (el acampe), ya estuvo privada de su libertad por 10 días», dijo y agregó: «Vamos a demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de la decision de este juez administrativo».

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