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Con el argumento de que el gobierno nacional recortó recursos dirigidos a los sistemas provinciales de salud, se aprobó en la Legislatura de Jujuy la ley de creación del Seguro Provincial de Salud (Seprosa), un seguro de salud obligatorio que ronda los 50 mil pesos que deberán pagar quienes no tienen cobertura médica.
En la 18ª sesión ordinaria que se llevó adelante este miércoles, se aprobó el proyecto del oficialismo que establece que las personas que no tengan obra social deberán pagar un arancel para acceder a la atención en el sistema público de salud. Solo quedarán eximidos quienes presenten una declaración en la que muestren que perciben un ingreso menor a 600 mil pesos mensuales.
El Seprosa quedó aprobado por ley con los votos del oficialismo radical y la mayoría del bloque justicialista. Votaron en contra los peronistas Patricia Armella y Martín Fellner, además de los tres diputados del PTS-FIT, Natalia Morales, Gastón Remy y Miguel López.
El radical Iván Poncio afirmó que el Seprosa va a «fortalecer el sistema de salud pública de la provincia» porque «garantizará acceso a servicios médicos esenciales, promoviendo un esquema solidario que cubra a quienes no pueden pagar por atención privada».
Para defender la iniciativa, desde el oficialismo mencionaron los recortes dispuestos por el gobierno nacional en programas de salud. Poncio dio como ejemplo el Incluir Salud, «que representa un costo mensual de $516.140.000 para Jujuy y el gobierno de la provincia hace un gran esfuerzo para poder cubrir a todos y no dejar de prestar servicio de salud a nadie».
El titular de la bancada de izquierda, Gastón Remy, afirmó que «la UCR está poniendo fin a su historia al votar su proyecto de cobro de la atención en los hospitales públicos de Jujuy», y detalló: «Una provincia con 50,2% sin obra social y 55,7% de pobres. Quieren cobrarle a los pobres la salud, mientras mineras que facturan U$S4000 millones no pagan ingresos brutos».
Su par Natalia Morales remarcó que el proyecto no había sido discutido en la Comisión de Salud y lo calificó de «inconstitucional e ilegal porque el derecho a la salud está reconocido en la Argentina».
A su turno, la justicialista Patricia Armella también se quejó de que la iniciativa no haya sido propuesta en comisiones y afirmó: «No coincido con que esto va a garantizar la salud. La salud pública se garantiza mejorando sueldos y dando estabilidad laboral a los profesionales de la salud».
