Se aprobó la ley de Emergencia Pública en Diputados y ahora es el turno en la Cámara Alta

Durante la madrugada de este viernes y luego un intenso debate, se aprobó la ley de Emergencia Pública, con 134 votos afirmativos y 110 negativos, en la Cámara de diputados. La media sanción al proyecto que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Esta tarde lo debatirá el Senado para sancionarlo.

Después de que el Frente de Todos consiguiera el quórum para habilitar el debate, el interbloque de Juntos por el Cambio bajó al recinto para manifestar su oposición al primer proyecto de ley enviado por el gobierno de Alberto Fernández. La oposición optó por dar visto bueno a la jura de los nuevos diputados y diputadas, rechazaron sesionar sobre la ley de emergencia y, por fuerza mayor, debieron hacerse presentes.

Con la media sanción, el proyecto será debatido por el Senado, que ya confirmó su sesión para las 14 horas. Al no haber pasado por comisiones, la iniciativa ingresará sobre tablas. Esto quiere decir que para habilitar la sesión se necesitará el quórum de 37 senadores, garantizado por el oficialismo.

Sin embargo, el Frente de Todos deberá negociar con otros sectores para conseguir los dos tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto sobre tablas. De lograrlo, el mismo se aprobaría por mayoría simple, o sea que sería sancionado en caso de superar los votos negativos, aunque sea por uno.

En el proyecto se establece que la emergencia se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020 y declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa tiene como objetivo crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.

Además, estipula regular la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.

También buscará promover la reactivación productiva a través de la generación de incentivos como la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas.

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