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El contrato firmado por el gobierno de la provincia de Río Negro con la firma estatal israelí Mekorot fue revelado el fin de semana por el diario Tiempo Argentino. Es un convenio similar al suscrito por Jujuy, que provocó el rechazo de comunidades originarias de la puna y el reclamo para que se den a conocer sus términos.
De acuerdo al polémico convenio sellado por Río Negro, originalmente secreto, esa provincia patagónica aceptó cederle a la empresa la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de su territorio, le garantizó inmunidad a su personal y asumió la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar, según afirma la nota firmada por el periodista Alejandro Pairone en Tiempo Argentino.
Además, el gobierno rionegrino aceptó someter sus eventuales diferendos a un arbitraje privado en Inglaterra bajo las leyes de ese país, y se comprometió a mantener la confidencialidad absoluta e indefinida de todos los términos del convenio.
Esa confidencialidad se quebró «gracias a la tenaz exigencia de información pública que llevó adelante durante meses un puñado de legisladores y legisladoras de Río negro, y que finalmente el gobierno provincial se vio obligado a responder», cita el artículo.
El primer pedido fue de la legisladora peronista Ayelén Spósito, y ante la falta de respuesta fue reiterado por sus compañeros del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, José Luis Berros, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, secundados por Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, del PRO, y por el libertario César Domínguez.
El convenio, se explica en Tiempo Argentino, se ampara en un Acuerdo Marco suscripto en 1982 entre la última dictadura y el Estado de Israel, y se presenta como un contrato de consultoría de 18 meses para un Plan Maestro de Recursos Hídricos a un costo por todo concepto de 1,5 millones de dólares, que vencerá en octubre próximo pero podrá prorrogarse a un precio de 72 mil dólares mensuales.
La tarea de Mekorot, en tanto, está financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es el firmante principal del contrato y, como intermediario político y organismo técnico, tuvo un rol fundamental en la gestión de los acuerdos previos que derivaron en los contratos rubricados por las provincias.
El de Río Negro tiene dos partes. Por un lado las cláusulas contractuales que las fuentes consultadas consideran ilegales y hasta inconstitucionales, y por el otro un conjunto de anexos con el plan de trabajo y los objetivos que deben concluir con un informe final de Mekorot.
Una de las cláusulas más delicadas es la octava, sobre la propiedad intelectual de la información de los bienes naturales de la provincia. El punto dice: “La contratante (Río Negro) será propietaria exclusiva solo de aquellos entregables (refiere a los informes) entregados por la consultora (Mekorot)”. Para desterrar dudas, precisa: “Nada de lo aquí dispuesto confiere a la contratante derecho alguno sobre la propiedad intelectual de la consultora (incluido el background intelectual)”.
Para hacer su trabajo Mekorot debe contar con información hídrica actualmente en manos del Estado, y realizar además una profunda radiografía del suelo y el subsuelo para compilar todos los cursos de agua, tanto de superficie como subterráneos, determinar su potabilidad y posibilidad de extracción y uso.
Según esta cláusula octava, Mekorot será la única propietaria de toda esa información y decidirá en sus informes qué es lo que Río Negro podrá saber, y qué no, sobre sus propios bienes naturales.
La estricta confidencialidad que impone el contrato viola el imperativo constitucional sobre la transparencia y publicidad de los actos de Gobierno: “Ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida de la otra parte como resultado de la contratación”, impone explícitamente la cláusula diez. También prohíbe la elaboración de “ningún tipo de comunicado de prensa ni material publicitario” relativo al contrato sin consentimiento por escrito de la otra parte.
Incluso se anticipa a eventuales reclamos de transparencia y establece que en caso de verse obligado a difundir “información confidencial” por exigencia de la Justicia, se deberá notificar a la contraparte con antelación suficiente para “emitir un decreto” o “solicitar un amparo” que impida la divulgación.
“Cuando están en juego los bienes naturales comunes, y sobre todo bienes de dominio público como el agua, la información debe ser pública y todo debe realizarse de cara a la sociedad”, enfatizó la diputada provincial Magdalena Odarda, para quien el Gobierno provincial ocultó este contrato que debe ser ahora “derogado por la legislatura”, por su inconstitucionalidad.
Odarda entiende que Río Negro “está entregando la información de sus Bienes Naturales a un Estado extranjero como Israel, que tiene serias denuncias en el ámbito internacional, por la ONU y organismos de Derechos Humanos por el apartheid con el agua que impone violentamente a los ciudadanos de Palestina”. Y la herramienta de ese apartheid es Mekorot.
La cláusula 14 del contrato establece la “Limitación de Responsabilidad”. Allí se determina que “en ninguna circunstancia la consultora será responsable (…) en ninguna hipótesis por daños y perjuicios especiales, conexos o indirectos” derivados de su tarea. Y amplía la impunidad: “La consultora deslinda en la contratante toda responsabilidad en daños y perjuicios que pudiera sufrir la empresa y su personal, y la exonera completamente asegurando su indemnidad, y librándola de toda responsabilidad por cualquier reclamo que pudiera derivar de la aplicación del contrato”.
El punto once, la “Cláusula arbitral”, resuelve que “en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional”, mientras que en las referencias legales impone que el contrato “se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra”, el único país del planeta enfrentado por reclamos de soberanía con la Argentina.
Mekorot en Jujuy
Río Negro no es la única provincia que firmó convenio con Mekorot. En Jujuy, las comunidades originarias de la puna están reclamando precisamente que se hagan públicos los términos del contrato y repudian que se haya avanzado sin cumplir con la consulta previa, libre e informada que disponen las legislaciones nacional e internacional.
«Pueden firmar lo que quieran, pero la Constitución nacional y el Convenio 169 de la OIT ordenan que se haga una consulta previa, algo que no ocurrió», afirmó la abogada Andrea Lupiañez, que representa a las comunidades junto con su colega Silvana Llanes, y adelantó que van a presentar acciones legales tanto en el fuero provincial como en el federal.
Por otro lado, la letrada recordó que, si bien este acuerdo con Mekorot estaría avalado por la actual Constitución de Jujuy, reformada el año pasado, existe un planteo de inconstitucionalidad de esta Carta Magna que aún no tiene resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Esta Constitución provincial los autoriza, pero está cuestionada», afirmó, y agregó: «Además hay jerarquías, y la Constitución nacional tiene incorporados los tratados internacionales que ordenan la consulta previa».
La publicación de los términos del contrato entre la provincia de Jujuy y la empresa Mekorot también fue reclamada por la diputada provincial Natalia Morales (FIT). “Si no hay nada que esconder, ¿por qué no muestran el convenio que firmó Carlos Sadir con el CFI y la empresa Mekorot en abril de este año, como indica la página oficial del Gobierno de Jujuy?”, interpeló la legisladora.
“Desde nuestro bloque presentamos un pedido de informes en la Legislatura y en las oficinas del Gobierno Abierto para saber cuáles fueron los términos del convenio, qué implica el mismo, con qué fondos y qué presupuesto se utilizará. Sin embargo, no tuvimos respuesta”, agregó Morales.
Acuerdos similares ya fueron firmados además por las provincias de Santa Cruz, Formosa, Catamarca, Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén, Chubut y Santa Fe.
Acuerdo Jujuy-Mekorot: Comunidades exigen información y participación
