Este miércoles se cumplen siete meses de demora en el otorgamiento de la libertad condicional a Graciela López. La semana pasada fue recibida por el fiscal Diego Funes, quien escuchó sus denuncias de maltrato y hostigamiento, e inició una investigación que incluye revisiones médicas y psicológicas, lo cual puede atrasar aun más la liberación de la mujer, que permanece privada de su libertad desde hace más de cinco años.
López fue detenida el 20 de septiembre de 2016, tras haber recibido una pena de 7 años en la causa conocida como Pibes Villeros. El 20 de marzo pasado cumplió los dos tercios de su condena, por lo que ya se le debería haber otorgado la libertad condicional. Sin embargo, permanece en prisión domiciliaria.
«Ya no me considero una detenida. Me considero una retenida del Poder Ejecutivo, más precisamente de Gerardo Morales, y del Poder Judicial», definió Graciela en diálogo con el programa Día 6 (FM Conectar 91.5). Su situación está en manos del Juzgado de Ejecución, a cargo del juez Emilio Cattan. El expediente de Pibes Villeros, en tanto, espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras una presentación del abogado de López, Luis Paz.
Los organismos de derechos humanos que estuvieron entre el 11 y el 12 de octubre en Jujuy denunciaron un cúmulo de irregularidades ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello.
Entre esas irregularidades, está el abandono de persona con respecto a tratamientos médicos, la falta de provisión de medicamentos. «Desde el día que me trajeron a la domiciliaria, nunca más pude tener acceso a ningún tipo de tratamiento continuo», relató la mujer.
En esas reuniones, también recordaron las vejaciones y torturas que sufrió López en el penal de Alto Comedero, antes de su prisión domiciliaria, con sanciones que le impusieron en el sector de aislamiento.
En el presente, además de su condición de salud, Graciela padece consecuencias físicas por las esposas que le ponen en los traslados, que le produjeron una callosidad, y sobre todo por la tobillera electrónica. «El plástico ha quemado una zona de mi piel que ha producido una mancha inmensa y la pérdida de sensibilidad en la zona en el pie izquierdo», describió.
El fiscal general del MPA, tras escuchar a los referentes de derechos humanos, abrió una investigación. El jueves de la semana pasada, Graciela López fue trasladada al despacho del fiscal Diego Funes. Tras la reunión, el funcionario ordenó su derivación a los departamentos médico y psicológico, que deberán evaluar la situación y emitir sus informes.
«Si bien ayudaría a confirmar las denuncias de los organismos de derechos humanos, esto no es más que alargar los tiempos, porque hasta que no me vean en el departamento médico, no me asista un psicólogo y presenten los informes, no estaría el beneficio de la libertad condicional», señaló López.
A pesar de las presentaciones judiciales, las denuncias y advertencias, las irregularidades sobre la persona de Graciela López no cesaron. De hecho, el mismo jueves pasado, su traslado a la Fiscalía estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Provincia. «En el penal aprendí que a una detenida femenina solamente la puede tratar y trasladar personal femenino. Pero el jueves vinieron masculinos. Me tocaron la puerta, ya con las esposas, te ponen el brazo para atrás, te ponen las esposas, te ponen la mano en la nuca, te hacen agachar la cabeza te empujan y te meten al patrullero», relató.
‘Emocionante’
Sobre la entrevista con el fiscal Funes, López se manifestó sorprendida. «Ellos, junto con el secretario, pudieron constatar en vivo la circunstancia en que me encontraba. Fue emocionante, porque ellos vieron la condición en la cual estaba», contó.
Y reveló: «El secretario rompió en llanto. Dijo ‘yo también tengo hijas, hermanas, tengo madre; una cosa es que lo escuche y otra cosa es que lo vea’. Y entonces dijo que la investigación se va a hacer minuciosa».
«El fiscal también entendió que no puedo estar en manos de la Policía de la Provincia. La Policía tenía intenciones de alojarme en uno de los calabozos de fiscalía -continuó López-. Todo ese proceso yo ya lo viví. Y si ven que estoy denunciando justamente ese tipo de atropellos, creo que no sería propicio que los volviesen a reiterar, porque confirmaría que ese es el trato que nos dan a los compañeros presos políticos».
En su charla con el fiscal, Graciela le dijo que «al personal de la Policía le falta capacitación con perspectiva de género, porque generalmente el policía varón te atropella, te tuerce los brazos».
Frente a esta situación, el fiscal Funes le sugirió a la policía que evite el uso de las esposas y aceptó el planteo de la defensa de López en el sentido de que debía ser trasladada por personal femenino del Servicio Penitenciario. Sin embargo, cuando fue el momento de llevarla al departamento Médico, «volvió a aparecer el patrullero». Pero el SP no autorizó la salida porque nadie había avisado. «No podían subirme nuevamente a ese patrullero porque mi tobillera iba a dar como que estaba fuera del domicilio», explicó.
«Todo esto no es normal. Es el hostigamiento de Gerardo Morales por la lealtad que he mantenido ante mi compañera Milagro Sala. No pudieron comprarme», afirmó López, y dijo que está con «esas ansias de salir» para sumarse «a la gran lucha por la liberación de la compañera Milagro Sala».
Esa salida en libertad condicional que espera con ansias, aclaró Graciela, «no es una cuestión de privilegio ni una cuestión particular; yo lo único que pido es que se me aplique justicia, porque ya cumplí los dos tercios de mi condena y por lo tanto, como ciudadana argentina, tengo el derecho de que me la otorguen».