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Lo pedís, lo tenés. El miércoles pasado el presidente Mauricio Macri reclamó en Jujuy que la provincia adhiriera a la denominada Ley Pymes, y menos de 24 horas después la Legislatura aprobó la norma.
En la 10ª sesión del año, los diputados provinciales sancionaron dos leyes de adhesión a normas nacionales: la 6020, de fomento de inversiones para pymes, y la 6021, referida a la responsabilidad fiscal de las administraciones provinciales para el ejercicio 2017.
En el recinto hubo además una fuerte discusión en torno de la resolución de la CIDH sobre la situación de detención de Milagro Sala.
Sobre la adhesión al Capítulo I del título III de la Ley Nacional 27.264, aprobada como Ley 6.020, el diputado oficialista Osvaldo Cuellar explicó que «impulsa la radicación de nuevos emprendimientos productivos y la consolidación de empresas ya existentes, y otorga beneficios», y agregó que «es una adhesión a una ley que ya sancionamos en este recinto, y un complemento interesante para lo que hoy es la base de nuestra economía”.
La ley aprobada como 6021, en tanto, es una adhesión a la parte de la Ley de Presupuesto referida al régimen federal de responsabilidad fiscal. Cuéllar detalló que la norma busca que las provincias alcancen un equilibro del déficit que existe en sus presupuestos, y que para achicar esta brecha el beneficio estaría dado en la eliminación de las autorizaciones que necesita la provincia a los efectos de lograr o hacer endeudamiento para conseguir fondos para infraestructura.
«Este capítulo habla de cómo se tienen que ir cubriendo determinadas pautas a fin de ir achicando la brecha de ese déficit, y establece una metodología en la cual la provincia tiene que ir cumpliendo. Como beneficio de ello, se lograría la eliminación de la autorización para el endeudamiento prevista en el artículo 25 para el financiamiento de obras de infraestructura”, amplió.
Las dos normas fueron aprobadas con los votos del bloque opositor Justicialista. El diputado Miguel Lembo afirmó que «no podíamos oponernos», pero aclaró que no están de acuerdo, porque el equilibrio del que habla el oficialismo se logra mermando el gasto y ajustando los salarios de los agentes del Estado. «Nosotros estamos en contra de esa política», aseguró.
Le respondió el radical Alberto Bernis, titular de su bloque: «No es intención del gobierno de la provincia adherir a estas leyes para que se produzcan ajustes, mermas de sueldo o de personal. Al contrario, queremos llevar tranquilidad en el sentido de que esta adhesión viene a cumplir las metas establecidas, apuntan a normativas necesarias a ordenar las cuentas públicas financieras y poder tener una herramienta que sea útil y necesaria y genere el equilibrio”.
Cruce por Milagro
Durante las cuestiones previas, el diputado del Partido de la Soberanía Popular (PSP) Juan Manuel Esquivel se refirió a la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a Milagro Sala.
«Debemos ser honestos intelectualmente y leer el documento completo -reclamó-. También digamos que da la alternativa para que se la libere, y en libertad atraviese todos los procesos judiciales en los que se involucra».
Advirtió que «decir la mitad de las verdades es igualmente mentir, y los escuchamos mentir constantemente», y remarcó: «Volvemos a decir que el Estado nacional, de conformidad con sus obligaciones internacionales, como lo dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, debe liberar a Milagro Sala».
«Que se la siga investigando todo lo que se deba investigar; pero ahora, si como dice el ministro de Gobierno Oscar Agustín Perassi, la vamos a seguir teniendo detenida para restringirle la capacidad política, ya nadie podrá negar que Milagro Sala es una presa política”.
Las palabras de Esquivel tuvieron la inmediata respuesta de Alberto Bernis, quien insistió en que la CIDH «no está pidiendo que la liberen, todo lo contrario, se ratifica lo actuado por la justicia jujeña y se pide que el Estado actúe con alternativas como la prisión domiciliaria y de fiscalización electrónica».
Bernis se sumó al tono con que el gobernador Gerardo Morales viene refiriéndose a la CIDH, y la describió como «un grupo de amigos que se reúnen a tomar café».
Agregó que «responde al kirchnerismo, claramente» y que «se encarnizó en atacar al Estado argentino porque se cree un grupo de iluminador». Y recuperó palabras que hace unos meses pronunció la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone: «Que el pueblo jujeño se quede tranquilo y sepa la verdad: Milagro Sala no es una presa política, es una política presa”.
