Siete penitenciarios van a juicio por la muerte de dos internos en un motín en el penal de Gorriti 

De los 16 efectivos del Servicio Penitenciario provincial que estaban imputados por la muerte de dos internos en el penal de Gorriti, siete irán a juicio acusados del delito de homicidio mientras que los nueve restantes fueron sobreseídos.

El Juzgado de Control Nº 3 resolvió este jueves hacer lugar al pedido del fiscal Diego Funes y elevó la causa por el motín que se produjo en julio de 2020 en el Pabellón 3 de la Unidad Penal Nº 1, ubicada en el barrio de Gorriti. Siete penitenciarios serán juzgados por el delito de homicidio doblemente calificado, por alevosía y por la condición funcional de los autores.

En tanto, otros nueve guardiacárceles que habían sido investigados en el marco del mismo expediente, fueron sobreseidos de manera definitiva.

En la tarde del 16 de julio del 2020, un grupo de internos iniciaron una protesta ante la falta de respuesta a sus reclamos por las condiciones en que vivían, que habían empeorado en el contexto de pandemia. Instalados sobre el techo del Pabellón 3, pedían también que les permitieran las visitas, que estaban suspendidas por las medidas de restricción sanitaria.

Mientras tanto, efectivos penitenciarios se ubicaron en el sector de la cocina y desde allí dispararon hacia el techo. Las balas de plomo alcanzaron a Jesús Antonio Yapura y Amado Marcelo «Negro» Motenegro, murieron en el acto.

Las autopsias mostraron que Yapura murió por un disparo que ingresó a la altura del cuello y le produjo un estallido en las cervicales, mientras que Montenegro recibió dos impactos: uno en la zona abdominal, que le produjo una gran pérdida de sangre, y el otro en el brazo.

El motín, finalizó cuando se llegó un acuerdo a partir de un petitorio que los reclusos entregaron al juez de Ejecución Penal Carlos Emilio Cattán. Allí solicitaban que se agilizaran los trámites de libertades asistidas, condicionales y domiciliarias. También que se los alojara en celdas individuales, para evitar contagios, y que les garantizara que no habría represalias para los que participaron de la protesta.

Como consecuencia de la violenta represión a la protesta, seis días después renunciaron el jefe y el subjefe del Servicio Penitenciario.

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